Una juez impide a una mujer trasladarse con su hijo a Madrid para que su padre le vea una tarde a la semana

La madre alegaba que había perdido su empleo en Alicante a los pocos meses del divorcio

La madre muestra su carta de despido, que le ha obligado a volver a Madrid.  JOSÉ NAVARRO

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Una juez de Familia de Alicante no ha autorizado a una madre trasladarse con su hijo de dos años de edad a Madrid para que su padre pueda seguir viéndole una tarde a la semana, tal como marca el actual régimen de visitas, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La mujer fue despedida el pasado mayo, meses después del proceso de divorcio y al final optó por irse a Madrid a trabajar con su madre ante las nulas perspectivas de encontrar empleo en Alicante.
Por este motivo, pidió un cambio en el régimen de medidas acordadas tras el divorcio, ya que el padre tenía asignada una tarde a la semana para estar con su hijo. Sin embargo, la juez no ha considerado justificado el traslado a Madrid. El abogado de la mujer, el letrado Javier Beltrán, anunció a este diario que recurriría el fallo ante la Audiencia Provincial ya que impide a la madre tratar de rehacer su vida en Madrid, al no poder estar desplazándose continuamente a Alicante para que el padre esté con el niño una tarde a la semana.
Según la juez, la madre pidió cambiar el régimen de medidas tan sólo un mes y dos días después de hacer sido despedida, "lo que denota que no tenía desde el principio intención alguna de quedarse en Alicante para realizar una búsqueda activa de empleo". Asimismo argumenta que la madre lleva residiendo y trabajando en Alicante desde 2004, "por lo que no resulta creíble que después de ocho años no tenga compañeros de trabajo o amistades en esta ciudad".
Tampoco la juez se muestra convencida de que la mujer vaya tener estabilidad laboral en Madrid trabajando con su madre. En el fallo, se dice literalmente que la magistrada ha hecho una búsqueda en Google de la empresa de la madre, un centro dedicado a la venta de productos de estética, y no ha visto nada a que en dicho comercio se ofrezcan tareas acordes con la preparación profesional de la demandante.
En el juicio, se aportaron folletos sobre dicha empresa en la que sí que se incluían servicios de terapia ocupacional, pero la juez considera que estos folletos puede haber sido "perfectamente redactados para el acto de la vista".
La madre está dispuesta a recurrir esta sentencia por considerar que le impide rehacer su vida y la deja en un estado de "indefensión absoluta". "No tengo ninguna vida en Alicante. Me vine aquí a vivir por mi marido y todas las amistades que tenía las conocí por él", explicó a este diario.
La mujer aseguró que cuando se fijó el actual régimen de custodia, "en ningún momento pude imaginarme que me iba a quedar sin trabajo", ya que las circunstancias era otras. Para ella, la sentencia la aboca a tener que renunciar a su nuevo trabajo y consideró que nadie le obliga a tener que actualizar en internet las fichas del negocio de su madre.

La Asociación Americana de Psiquiatría desestima la inclusión del falso SAP en el DSM5 (catálogo actualizado de trastornos mentales)

Psychiatric group: Parental alienation no disorder

By DAVID CRARY - Associated Press

NEW YORK (AP) - Rebuffing an intensive lobbying campaign, a task force of the American Psychiatric Association has decided not to list the disputed concept of parental alienation in the updated edition of its catalog of mental disorders.

The term conveys how a child's relationship with one estranged parent can be poisoned by the other parent, and there's broad agreement that it sometimes occurs in the context of divorces and child-custody disputes.

However, an acrimonious debate has raged for years over whether the phenomenon should be formally classified as a mental health disorder by the psychiatric association as it updates its Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders for the first time since 1994.

The new manual, known as DSM-5, won't be completed until next year, but the decision against classifying parental alienation as a disorder or syndrome has been made.

"The bottom line _ it is not a disorder within one individual," said Dr. Darrel Regier, vice chair of the task force drafting the manual. "It's a relationship problem _ parent-child or parent-parent. Relationship problems per se are not mental disorders."

Regier and his APA colleagues have come under intense pressure from individuals and groups who believe parental alienation is a serious mental condition that should be formally recognized in the DSM-5. They say this step would lead to fairer outcomes in family courts and enable more children of divorce to get treatment so they could reconcile with an estranged parent.

Among those on the other side of the debate, which has flared since the 1980s, are feminists and advocates for battered women who consider "parental alienation syndrome" to be an unproven and potentially dangerous concept useful to men trying to deflect attention from their abusive behavior.

Some critics of the concept say it's being promoted by psychologists, consultants and others who could profit if parental alienation had a more formal status in family court disputes.

"At its worst, it lines the pockets of both attorneys and expert witnesses by increasing the number of billable hours in a given case," wrote Dr. Timothy Houchin, a University of Kentucky psychiatrist, and three colleagues in an article earlier this year in the Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.

"It creates an entire new level of debate, in which only qualified experts can engage, adding to the already murky waters of divorce testimony," they wrote, arguing that courts could deal with parent/child estrangement without labeling the child as mentally ill.

Advocates of the concept of parental alienation had been braced for a decision by the APA not to classify it as a syndrome or disorder, but held out hope that it would be specifically cited in an appendix as an example of a parent-child relational problem.

Regier, in an e-mail Friday, said this is "very unlikely," even though the final draft of the DSM-5 remains incomplete.

Dr. William Bernet, a professor emeritus of psychiatry at the Vanderbilt University School of Medicine, is editor of a 2010 book making the case that parental alienation should be recognized in the DSM-5. He contends that about 200,000 children in the U.S. are affected by the condition.

Bernet's proposal to the DSM-5 task force defines parental alienation disorder as "a mental condition in which a child, usually one whose parents are engaged in a high conflict divorce, allies himself or herself strongly with one parent, and rejects a relationship with the other parent, without legitimate justification."

In a telephone interview, Bernet contended that the task force had made up its mind based on factors beyond the scientific evidence.

"I think they're being motivated not by the science, but being driven by friendships, by political forces," he said.

Parental alienation surfaced on the pop-culture scene several years ago as a consequence of the bitter divorce and child custody battle involving actors Alec Baldwin and Kim Basinger. Baldwin was assailed by some feminist groups for citing parental alienation syndrome as a source of his estrangement from his daughter.

"The truth is that parental alienation really is a dangerous and cleverly marketed legal strategy that has caused much harm to victims of abuse," said the National Organization for Women amid the controversy.

Bernet, in his proposal to the DSM-5 task force, said he agreed that "in some instances the concept of parental alienation has been misused by abusive parents to hide their behavior."

"However, we strongly disagree with throwing out the baby with the bathwater," he wrote, arguing that such abuse would be curtailed if diagnostic criteria for parental alienation were established.

Síndic critica que el Consell financie un congreso sobre custodia compartida

Valencia, 3 nov (EFE).- El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha instado al Gobierno valenciano a no volver a financiar en el futuro eventos como el cuarto congreso internacional del Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida celebrado en Valencia el pasado marzo, ya que este síndrome carece de validez científica y vulnera derechos fundamentales.

En una recomendación, Cholbi atiende la queja de una particular en relación a la organización de este simposio en Valencia, donde expertos iban a debatir sobre los supuestos daños del síndrome de alienación parental, que sin tener validez científica como herramienta de diagnóstico puede atentar contra la igualdad.

Según el Síndic, la financiación por parte de Gobernación no parece acertada porque "a pesar de su difusión y popularidad, ha sido cuestionado como concepto válido".

En este sentido, no solo ha sido rechazado "continuamente" a ser admitido por los grandes sistemas de clasificación de desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica y los organismos internacionales, sino también por instituciones relevantes, ha explicado.

Entre ellas se encuentra la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que sostiene que "el sesgo de género en las descripciones del SAP es innegable", ya que lleva a que las protestas del niño y la madre de abuso o maltrato sean desoídas.

Cholbi recuerda que los tribunales han incidido en la relación entre el SAP y la custodia compartida, que según algunas resoluciones judiciales tienen causas y consecuencias "íntimamente unidas tanto en lo económico como en lo personal, en las crisis de pareja y contribuyen a la feminización de la pobreza".

El Síndic considera que este "pretendido síndrome" afecta al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y recuerda que la Administración está "obligada a detectar las reacciones que surgen en determinados grupos contrarios a la igualdad real".

En su opinión, el SAP es "un instrumento al servicio de la estigmatización de las mujeres" y tiene una "íntima relación" con la custodia compartida, que en los casos en que resulta impuesta supone "un verdadero obstáculo para que la igualdad sea real y efectiva y proteger a los menores".

Así, el Síndic ha llamado a "la necesaria actuación de los poderes públicos para estrechar la brecha cada vez mayor gracias al discurso no igualitario, sino igualitarista, que se está instalando".

Por ello, insta a Gobernación a que, en el futuro, evite financiar y respaldar eventos que puedan afectar a derechos fundamentales, y promueva por contra aquellos que "se dirijan a protegerlos".

La autora de la queja denunciaba, con anterioridad a la celebración del congreso, que la Conselleria de Gobernación fuera a colaborar en la financiación de un evento cuya finalidad era la de difundir una herramienta que "permite culpar a las mujeres de los miedos y angustias razonables de los niños hacia su padre violento".

Por ello, solicitaba que se adoptaran acciones que impidieran la aplicación del SAP en ámbitos judiciales y sociales, al considerar que atenta contra los principios democráticos y hace apología sexista y violenta contra las mujeres y los menores.

El Supremo ratifica la inhabilitación del exjuez Serrano

Un poco de cordura. ¡Ojalá caigan muchos y muchas más!

 

El magistrado fue condenado por prevaricación al modificar el régimen de visitas de un menor

 

EL PAÍS | 31/10/2012

 

El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones que planteó el exjuez de Familia de Sevilla Francisco Serrano contra la sentencia que elevó de dos a 10 años su inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa. El condenado cambió el régimen de visitas de un niño de 11 años para garantizar su salida en una procesión de Semana Santa en 2010. Lo modificó pese a estar establecido por otro juzgado y sin escuchar a la madre.
El alto tribunal, que agravó la condena que previamente le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —que consideró que los hechos constituían un delito de prevaricación culposa y no dolosa— no admite el incidente de nulidad y lo rechaza como había solicitado el Ministerio Fiscal. El recurso pretendía, como recuerda el auto, reparar situaciones de vulneración de derechos fundamentales e indefensión que no han podido ser denunciadas con anterioridad a la resolución que pone fin al proceso, en este caso la sentencia del Tribunal Supremo.
El exmagistrado planteó para presentarlo tres motivos en los que se vulneró, en su opinión, su derecho a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, que cuando la acusación recurrió la primera sentencia, el propio Supremo la consideró "imprecisa". Sostiene el alto tribunal que, en el recurso de casación, la acusación pidió convertir en dolosa la pena por prevaricación. También aclara que aunque debe existir una "correlación" entre lo solicitado por parte y la decisión jurisdiccional, esa correlación "no se extiende a la argumentación".
La Sala de lo Penal de dicho tribunal considera, por tanto, que no se vulneró su derecho de defensa porque pudo, y de hecho lo hizo, "defenderse de la impugnación casacional formalizada por la acusación particular". Es más, conocía el sentido y el alcance de la misma.
Alegó también indefensión al haberle elevado el Supremo la pena sin tomarle declaración. Los magistrados, que rechazan también este motivo, explican que no se hizo una "revalorización" de la prueba, ya que no se modificaron los hechos probados, aunque sí se varió el tipo de prevaricación, lo que aumentó la pena. Por ello se autorizó la presencia del acusado en la vista de casación, lo que le permitió a Serrano sentarse en estrados, junto a su defensa, y expresar lo que le conviniera en el recurso, como así hizo.
El tercer y último motivo tampoco es atendido por la Sala. El exjuez considera que hay una alteración fáctica de los hechos probados entre la sentencia del TSJA y lo que recoge en el fundamento preliminar la del Supremo. El auto deja claro que esa síntesis —que tiene por objeto clarificar la posterior argumentación— no supone una alteración del hecho probado, que "ha sido respetado". No hay "diferencias relevantes", por todo lo que el Supremo no admite el incidente de nulidad.
El exjuez Serrano fue condenado por el Supremo que elevó la pena al no ver "imprudente" su acción. Conocía el caso, que era competencia de otro juzgado y, pese a ello, modificó el permiso sin que hubiera razones de urgencia y necesidad que justificaran tal actuación, según los magistrados. Para el Supremo, Serrano dictó una resolución injusta con "incumplimiento consciente de su deber jurisdiccional", según la sentencia que lo condenó. Dictar una resolución injusta por un funcionario tan cualificado como es el juez, "deja poco espacio a un actuar negligente", argumentaron.

¡ACTÚA! Por un periodismo responsable: NO a la manipulación machista de la sociedad por los medios de comunicación

Porque contribuir a la difusión sistemática de la ideología neomachista, misógina y patriarcal, supone una grave ofensa contra tantas y tantas madres e hijos que están sufriendo maltrato, así como contra tantísimas mujeres que son víctimas cada día de la terrible lacra de la violencia machista (muchas ni siquiera viven para contarlo). Pero no sólo se ha contribuido desde estos medios a la difusión de semejante basura, sino que se ha silenciado a aquellos/as que se han atrevido a alzar la voz para dar a conocer su realidad y su sufrimiento.

 

http://www.change.org/es/peticiones/por-un-periodismo-responsable-no-a-la-manipulaci%C3%B3n-machista-de-la-sociedad-por-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n

CONTINUACIÓN DEL CASO DE P.L.: AHORA VIENE EL FRACASO ESCOLAR

En notas anteriores ya hemos venido comentando el caso de P.L., caso que tristemente hemos seguido muy de cerca desde la asociación desde un principio.
Nos ha llamado la madre desesperada porque, de ser un niño que sacaba sobresalientes, está suspendiendo absolutamente todo. Y como era de esperar, ha pedido ayuda en el colegio y se desentienden del problema .
En general, en los centros educativos, evitan cualquier tipo de implicación en el asunto y en algunos centros nos han llegado a decir directamente que no saben cómo tratar el problema (porque es un problema) de estos niños y niñas.
El fracaso escolar de P.L. va a ser -y ya está siendo- escandaloso debido a la desubicación, el estrés y la angustia que le está provocando la imposición repentina de una custodia "partida", con el agravante de que quien la ha solicitado y conseguido ha sido un padre cuya colaboración previa en el cuidado y educación del menor ha sido nula.
Pero lo triste de todo es tener que escuchar las patochadas y manipulaciones de los colectivos patriarcales sobre este asunto, según los cuáles la custodia compartida impuesta es poco menos que la panacea para todo, cuando en la práctica no es más que un foco brutal de problemas (en primer lugar para los menores). Y tristemente lo sabemos desde la experiencia porque cada vez nos llegan más casos, día tras día.
Y más penoso es tener que escuchar a la señora Rosa Díez decir en el congreso que la custodia compartida es la solución al fracaso escolar, con un discurso totalmente vergonzoso, populista e indocumentado que no fue sino una grave falta de respeto a las madres y menores que están sufriendo como consecuencia de esta medida, a los que todavía no se ha molestado en escuchar. Que le explique esto mismo la señora Díez a esta madre mirándole a la cara, cuando la custodia compartida ha destrozado su vida y la de su hijo.
Que ya está bien de ocultar la realidad y de que nos hablen como si fuésemos idiotas.

NO SOY HIPERACTIVO....(POR FAVOR DIFUNDID LA IMAGEN)