La aplicación de la ley produjo un incremento "brutal" en la carga de los juzgados de familia y la mediación, según el consejero, "no funciona muy bien".
La llamada ley de custodia compartida, promulgada por las Cortes de Aragón hace más de dos años y medio, acumulaba a finales de 2012 unatasco de casi 270 informes psicológicos, que el gobierno aragonés va a intentar atajar con más recursos materiales y la contratación de algún psicólogo más.
Así lo ha asegurado este lunes en la Comisión Institucional del parlamento autonómico el consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha comparecido a petición del grupo parlamentario socialista para explicar la aplicación, el grado de desarrollo y la afección de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
Pasados casi tres años desde la entrada en vigor de la ley, el consejero la ha calificado de "necesaria", "positiva" y "oportuna", pero ha coincidido con los portavoces de los grupos parlamentarios en la necesidad de crear un grupo de trabajo, en el seno de las Cortes de Aragón, que analice el desarrollo de la norma y su aplicación.
El consejero ha reconocido que, a raíz de la aplicación de la ley,entre los años 2010 y 2011 hubo un incremento "brutal" en la carga de los juzgados de familia, que llegó al 48 por ciento, y se generó un "atasco importantísimo" en lo que respecta a la redacción de los informes psicológicos necesarios para que los jueces apliquen la norma.
Escasez de recursos
El Gobierno de Aragón, según el consejero, adoptó dos medidas para atajar el atasco: aumentó la relación de puestos de trabajo en dos psicólogos más y contrató a una empresa externa para la realización de informes puntuales.Estas medidas consiguieron que la lista de espera no se incrementara, aunque no se ha logrado que ésta disminuya.
De hecho, a finales de 2011 había 290 informes pendientes, 359 en julio de 2012 y el número a finales de 2012 era de 269.
Bermúdez de Castro también ha reconocido que hay escasez de medios humanos para tratar todos los asuntos que llegan por esta vía, y ha recordado que el Gobierno de Aragón apuesta por la creación en Zaragoza del cuarto juzgado de familia, que el Gobierno de España no tiene previsto crear en una decisión para el consejero "equivocada".
Ha reconocido que el servicio de la mediación que prevé la ley "tampoco funciona muy bien", a pesar de que ha mejorado, y por eso los esfuerzos van a centrarse también en este campo.
Por todo ello, y aunque ha reconocido que la ley funciona, ha dicho que se debería llevar a cabo un "estudio profundo" para ver cómo mejorarla.
Modificación de la ley
Precisamente la modificación de esta ley ha sido la petición que han formulado desde la oposición los portavoces de PSOE, CHA e IU.El diputado socialista Carlos Tomás ha mostrado sus dudas acerca de que se cumpla el objetivo de la ley de garantizar el interés de los menores, tanto en sus aspectos materiales como psicológicos, y el bienestar general de los niños, y ha exigido el incremento de la plantilla de psicólogos y que las sentencias salvaguarden el interés de menor.
Patricia Luquín, diputada de IU, ha recordado que su grupo no está de acuerdo con esta ley, que prácticamente obliga a dictar sentencias de custodia compartida "que en la práctica son partidas o repartidas" sin tener en cuenta a los menores y, en ocasiones, tampoco los informes psicológicos.
Por eso, al igual que Nieves Ibeas (CHA), ha pedido la modificación de la ley.
Ibeas ha dicho que su grupo va a pedir la creación de un grupo de trabajo para escuchar a las partes ante la necesaria reforma de la norma, pero por el PAR, su portavoz, Alfredo Boné, ha recordado que ya existe una ponencia que estudia el desarrollo del derecho foral aragonés.
Boné ha pedido que la modificación se haga "con datos objetivos y estudios", pero que ésta no se base en "juicios de valor".
