Valencia, 3 nov (EFE).- El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha instado al Gobierno valenciano a no volver a financiar en el futuro eventos como el cuarto congreso internacional del Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida celebrado en Valencia el pasado marzo, ya que este síndrome carece de validez científica y vulnera derechos fundamentales.
En una recomendación, Cholbi atiende la queja de una particular en relación a la organización de este simposio en Valencia, donde expertos iban a debatir sobre los supuestos daños del síndrome de alienación parental, que sin tener validez científica como herramienta de diagnóstico puede atentar contra la igualdad.
Según el Síndic, la financiación por parte de Gobernación no parece acertada porque "a pesar de su difusión y popularidad, ha sido cuestionado como concepto válido".
En este sentido, no solo ha sido rechazado "continuamente" a ser admitido por los grandes sistemas de clasificación de desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica y los organismos internacionales, sino también por instituciones relevantes, ha explicado.
Entre ellas se encuentra la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que sostiene que "el sesgo de género en las descripciones del SAP es innegable", ya que lleva a que las protestas del niño y la madre de abuso o maltrato sean desoídas.
Cholbi recuerda que los tribunales han incidido en la relación entre el SAP y la custodia compartida, que según algunas resoluciones judiciales tienen causas y consecuencias "íntimamente unidas tanto en lo económico como en lo personal, en las crisis de pareja y contribuyen a la feminización de la pobreza".
El Síndic considera que este "pretendido síndrome" afecta al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y recuerda que la Administración está "obligada a detectar las reacciones que surgen en determinados grupos contrarios a la igualdad real".
En su opinión, el SAP es "un instrumento al servicio de la estigmatización de las mujeres" y tiene una "íntima relación" con la custodia compartida, que en los casos en que resulta impuesta supone "un verdadero obstáculo para que la igualdad sea real y efectiva y proteger a los menores".
Así, el Síndic ha llamado a "la necesaria actuación de los poderes públicos para estrechar la brecha cada vez mayor gracias al discurso no igualitario, sino igualitarista, que se está instalando".
Por ello, insta a Gobernación a que, en el futuro, evite financiar y respaldar eventos que puedan afectar a derechos fundamentales, y promueva por contra aquellos que "se dirijan a protegerlos".
La autora de la queja denunciaba, con anterioridad a la celebración del congreso, que la Conselleria de Gobernación fuera a colaborar en la financiación de un evento cuya finalidad era la de difundir una herramienta que "permite culpar a las mujeres de los miedos y angustias razonables de los niños hacia su padre violento".
Por ello, solicitaba que se adoptaran acciones que impidieran la aplicación del SAP en ámbitos judiciales y sociales, al considerar que atenta contra los principios democráticos y hace apología sexista y violenta contra las mujeres y los menores.
