En un acto en el Colegio de Abogados madrileño, la mujer, que también fue víctima de violencia machista a manos de su marido, que se suicidó tras el crimen de Andrea, la hija de ambos, ha recordado hoy que España tenía como Estado "el deber de proteger a la menor y no al maltratador, contra el que puso 40 denuncias que no fueron tenidas en cuenta".
"Para mí es terrorismo de género" porque la Justicia "pone por encima de los derechos de los menores los de los maltratadores", según Ángela, que ha decidido por ello llevar "la cadena de vulneraciones de derechos fundamentales" que ha sufrido ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
"Quiero que un caso como el mío no vuelva a suceder", ha pedido entre lágrimas Ángela González, que ha asegurado que los maltratos y agresiones que sufrió por parte de su pareja -manipulador y celoso compulsivo, según ella- comenzaron desde que se quedó embarazada de una niña y no de un varón.
El crimen tuvo lugar la tarde del 24 de abril de 2003, el mismo día en que se celebró una vista oral para definir a quién correspondía el disfrute de la vivienda familiar y el hombre amenazó a su mujer con una acción como la que llevó finalmente a cabo antes de quitarse la vida.
Su abogada, Ana María Ruiz Tagle, ha relatado que la pequeña murió a manos de su progenitor de dos disparos en la cabeza durante una visita abierta dictada por un juez que "no tuvo en cuenta" que se podía producir ese fatal resultado.
La letrada ha dicho que fue una "muerte anunciada y cruel" y que todos los escritos que han presentado ante el Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional han tenido como respuesta que se trató de "errores" o que se produjo un "conjunto de decisiones (...) que resolvieron lo que estimaron lo más conveniente para canalizar una buena relación entre una niña y su padre".
Ángela forma parte de la organización de derechos humanos Wome's Link Worlwide, que lucha en todo el mundo para que la justicia "sea una realidad" para los casos de violencia machista, según Viviana Waisman, su directora ejecutiva.
Waisman ha resaltado que Ángela no ha encontrado justicia en el ámbito nacional y que se trata de la primera vez que una española presenta un caso en materia de género en Naciones Unidas y ello puede conllevar que se hagan recomendaciones a España.
Además, Viviana Waisman ha definido este caso de "emblemático" y ha subrayado los tres objetivos que busca la demanda: una condena a España por su impunidad, que se declare que las autoridades españolas son responsables de esa muerte y una mejora en la protección de las mujeres y sus hijos respecto a sus parejas o exparejas.
Por su parte, la responsable de incidencia política y campañas de Save The Children, Yolanda Román, ha reclamado "protección" para todos los niños y niñas -unos 800.000- que viven en los hogares que existe violencia de género.
Problemas de socialización, depresión, miedo, ansiedad, alteraciones de crecimiento o fracaso escolar son síntomas de estos menores, a pesar de que no hayan sufrido agresiones físicas, ha explicado Román.
