Os cuento un caso. Uno de tantos. Tristemente real.
Separación. Demanda de divorcio contencioso. Conflicto.
El juez, haciendo gala de su talante “progresista” e “igualitario”, dicta custodia compartida por semanas en medidas provisionales.
Los niños empiezan su peregrinaje de una casa a la otra y su día a día se convierte en un infierno de cambios constantes de entorno, incomunicación, insultos, denuncias y contradicciones. El niño más pequeño, de tan sólo 2 años, deja de hablar, sufriendo una involución en el desarrollo del lenguaje. El mayor, fracaso escolar y con serios problemas de déficit de atención.
Como la justicia es lenta, pasan más de dos años hasta que llega el juicio.
Por fin llegan las pruebas psicosociales y como resultado, los psicólogos llegan a la conclusión de que la custodia compartida con cambios semanales HA CAUSADO UN DAÑO SOBRE EL BIENESTAR PSICOSOCIAL DE LOS MENORES. Lo reconocen por escrito, pero ya da igual: el mal está hecho y nadie va a asumir la responsabilidad por el daño causado.
Pero el despropósito no queda ahí. En vista del resultado tan nefasto para los menores, que al menos se han molestado en constatar (otros ni eso), recomiendan “probar” la custodia compartida por meses, a ver si así sufren menos. Otro nuevo experimento, poniendo en riesgo de nuevo y sin pudor el bienestar emocional de los menores, ya de por sí muy dañado.
Y nos preguntamos: ¿desde cuándo los niños se han convertido en ratas de laboratorio sin previo aviso? ¿Desde cuándo el bienestar psicológico de los menores se puede poner en riesgo con esa impunidad tan brutal? ¿Desde cuándo el bienestar de los menores es el último grado de la escala? ¿Desde cuándo se ha llegado a la conclusión de que los niños son “trituradores de basura emocional” que absorben los cambios constantes y los conflictos sin resentirse?
Se avecinan malos tiempos para los niños y niñas que sufran esta medida; futuros adultos que arrastrarán problemas psicológicos originados en la infancia de por vida.
