El Gobierno gallego admite que el cambio resulta más controvertido de lo previsto y que hay juristas que están en contra
X. A. TABOADA - SANTIAGO 24/06/2012 farodevigo.es
La Xunta desactiva la reforma del Dereito Civil de Galicia y deja los cambios previstos para la próxima legislatura. En un caso, el de la custodia compartida, porque se duda de que la comunidad autónoma tenga competencias para establecer como prioritaria esta fórmula en las separaciones de padres con hijos, y en el otro, el fijar por norma general que las bodas se celebran con separación de bienes, porque la modificación resulta más controvertida de lo que la Xunta consideraba en un primer momento y hay voces que se levantaron contra este cambio. Así que las reformas tendrán que esperar.
"Quedan para la próxima legislatura", admitió el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que también preside la Comisión de Dereito Civil, el órgano encargado de estudiar los cambios y elaborar la propuesta legislativa.
Lo que pretendía la Xunta era, aprovechando que Galicia dispone de una Derecho Civil propio, "adaptarlo a la evolución de la sociedad" y modificar el actual régimen económico matrimonial, que establece que, salvo que se determine lo contrario, todas las bodas son en régimen de bienes gananciales, es decir, compartiendo todo desde el enlace. La idea del Gobierno gallego era darle la vuelta a esta regla, como ya han hecho otras comunidades, y hacer que todas las personas se casen con separación de bienes salvo que los contrayentes comuniquen previamente y de forma expresa que prefieren el régimen de gananciales. Así, en caso de divorcio se evitarían los continuos problemas que surgen para liquidar la sociedad ganancial.
"Este cambio parece lógico en la sociedad actual, porque el 50% de los matrimonios no duran más de diez años y los procesos de separación se eternizan hasta los seis o siete años. Lo razonable, ya que los enlaces no duran, sería facilitar las separaciones", argumenta Jesús Palmou, miembro de la Comisión de Dereito Civil y responsable de la propuesta de cambio del régimen económico matrimonial.
Pero la reforma ha encallado. La Xunta admite que la modificación ha resultado más "controvertida" de lo esperado y que hay sectores sociales y hasta juristas que se oponen a la innovación y prefieren que continúe el régimen actual de bienes gananciales. De ahí que el Gobierno gallego, tal como aseguró Alfonso Rueda, quiera también "pulsar la opinión social" para conocer cuál es su postura ante el cambio propuesto.
Quizás también influya la proximidad de las elecciones autonómicas y el temor del PP a enfadar a ciertos sectores más conservadores que apoyan con sus votos a los populares.
En todo caso, el conselleiro se comprometió a convocar una última reunión de la Comisión de Dereito Civil para que al menos presente el dictamen final y confirme las posibilidades jurídicas y competenciales de Galicia para introducir las modificaciones. Pero lo que tiene claro es que la reforma no se aprobará este año y que quedará para la próxima legislatura, aunque ya con toda la documentación lista para no tener que retomar el proceso desde el inicio. "Falta esa última reunión y que el Gobierno gallego diga si va a hacer el cambio, porque nuestro trabajo está casi terminado", sostiene Palmou.
La previsión inicial, cuando la Xunta planteó la reforma, era que este año ya se pudiera aplicar la separación de bienes con carácter general en todas las nuevas bodas, salvo que los contayentes expresaran lo contrario.
La custodia compartida de los hijos también decae por ser competencia del Estado
La segunda de las reformas del Dereito Civil gallego se cayó por razones objetivas de peso. La comisión encargada de la modificación consideró que el cambio para dar prioridad a la custodia compartida podía exceder las competencias de la comunidad autónoma y que lo más conveniente sería que se hiciera a través de las legislación estatal.
Las dudas se acrecentaron cuando en septiembre del pasado año el Gobierno central, en manos del PSOE, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de custodia compartida que recientemente había aprobado la Comunidad Valenciana.
En vistas de la situación, la Xunta decidió echar definitivamente el freno, dadas las pocas posibilidades de éxito que tenía emprender una reforma del Derecho Civil gallego que podía chocar con la legislación estatal. Pero el cambio, de potenciar la custodia compartida de los hijos en caso de separaciones de sus progenitores, ha recibido un nuevo impulso con la llegada de Alberto Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia.
Hace diez días se comprometió a presentar en seis meses una Ley de Custodia Compartida, que priorizará e el derecho del menor por encima del de los padres, y donde sea el juez el que tenga la libertad de elegir el modelo que considere más conveniente para el niño, si la custodia compartida o la monoparental, y el tiempo que deben estar con sus respectivos progenitores.
La custodia compartida está recogida actualmente como una fórmula excepcional que para su concesión necesita la petición de una de las partes y un informe vinculante del fiscal.
