domingo, 24 de julio de 2011

El Pleno del CGPJ ratifica la suspensión del juez Francisco Serrano

La inhabilitación se mantendrá hasta después del juicio, que podría celebrarse en octubre

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su reunión ordinaria del pasado jueves, ha ratificado la suspensión cautelar en sus funciones del juez de Sevilla Francisco Serrano, procesado por un delito de prevaricación tras modificar el turno de custodia de un niño de 11 años establecido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4, ampliando en día y medio su estancia con el padre divorciado al objeto de garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugada sevillana. 

Fuentes del CGPJ informaron a Europa Press de que el Pleno del consejo ha ratificado la decisión adoptada el pasado martes por la Comisión Permanente, que tomó este acuerdo tras el informe favorable a la suspensión emitido por la Fiscalía y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictara el pasado día 11 de julio auto de apertura de juicio oral contra el magistrado por un delito de prevaricación. En este auto, el magistrado instructor de la causa requirió al acusado para que preste una fianza de 7.200 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenársele". 

Dicha decisión se adopta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 383.1 y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula la suspensión de los jueces y magistrados cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La Comisión Permanente aprobó la suspensión cautelar "sin que esto suponga entrar en el fondo del asunto". 

Esta medida cautelar perdurará mientras dure el procedimiento judicial y hasta que recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, como así lo ordena el artículo 384.3 de la citada Ley Orgánica y el Reglamento de Carrera Judicial (artículo 190). El juicio se puede celebrar en octubre. 

La Fiscalía ha solicitado para el magistrado diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación dolosa. La acusación particular que ejerce la madre pide para el juez 20 años de inhabilitación y una multa de 14.400 euros.

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