" Cuando estaba casada tenia a mi hijo desde que salia del colegio hasta que volvia al cole al dia siguiente y su padre nunca queria estar con él, y ahora le han concedido la custodia compartida y lo tiene su novia desde que sale del colegio hasta que vuelve al dia siguiente, el sigue sin ocuparse de su hijo."-
ESTAS SON LAS PALABRAS QUE NOS TRASLADAN TODAS LAS MADRES
Juzgados de Ferrol. / GABRIEL TIZÓN
"Yo creo en la Justicia. En Irlanda nos ayudó siempre, pero aquí nos está abandonando". Rosa Botas, ferrolana de 44 años, emigrante retornada, ha puesto una petición en change.org y recaba firmas dirigidas al presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para evitar que sus hijos de cinco y siete años empiecen, tal y como dictó un juez, a pasar fines de semana enteros, incluidas las noches, con su padre, un acomodado arquitecto irlandés que fue valorado negativamente por el Imelga en 2014. El examen forense reveló en él índices altos en las escalas esquizoide, paranoide, compulsiva o delirante, y las autoras recomendaron que las visitas del padre no se incrementasen y fuesen siempre en el punto de encuentro, supervisadas por técnicos. En su poder, Rosa tiene un aluvión de papeles que confirman su condición de víctima de malos tratos por parte de su expareja, y los abusos sexuales sufridos por su hija de siete años cuando todavía no había cumplido los tres. Según la documentación que muestra, las autoridades en Irlanda concluyeron que estos se producían "en el entorno de la familia paterna" y, por declaraciones de la cría, que acudió al hospital con desgarros en la vagina y el ano, llegaron a señalar al abuelo, pero nunca se logró confirmar la autoría.
El fin de semana pasado, los niños tenían que haber vivido el primer fin de semana completo con su padre, que acude a las citas en Ferrol desde Irlanda y pernocta en un hotel los días que le tocan. Finalmente, los menores no acudieron, según la ONG que apoya a la madre, la Fundación Conciencia, gracias a un recurso judicial in extremis que ella presentó y que aún no ha sido resuelto. La madre alega que el juzgado ferrolano de Primera Instancia que dicta la paulatina ampliación de visitas de su expareja debería suspender este proceso (que culminará con largos periodos vacacionales de los niños con el padre) mientras otro juez de la ciudad, esta vez de Instrucción, no decida sobre la denuncia que ella presentó en diciembre contra el hombre por malos tratos y abusos a los pequeños.
Los presuntos hechos también fueron denunciados en la policía nacional. Supuestamente ocurrieron en la anterior fase de visitas, cuando el padre podía llevarse del punto de encuentro a la niña de siete y el niño de cinco, sábados y domingos, de día durante nueve horas. Por la noche, después de recogerlos y marchar a casa, Botas, una mujer sin recursos, declarada también por la Xunta víctima de violencia de género, se fue corriendo al hospital.
En urgencias del Arquitecto Marcide pidió un reconocimiento del niño, que llegó a sus manos al final de la tarde con un traumatismo en la cara. El informe del Sergas recoge que el el menor dice que fue su padre. También revisaron a la niña: presentaba un eritema simétrico en los labios vaginales, y los análisis descartaron que se tratase de un hongo o infección. La madre cuenta que luego el pequeño "se resistió de forma incomprensible, irracional, a que los médicos le bajasen los pantalones para una exploración". "Tienen un miedo enfermizo a su padre", describe uno de los múltiples escritos presentados en los juzgados por los abogados que están ayudando a la madre.
Según Marisa Marí, presidenta de la ONG que la respalda, Botas ha encontrado apoyo tanto en el Defensor del Pueblo como en el Valedor. La pasada semana peregrinó de plató en plató contando su historia y sigue recabando firmas por Internet. Pero la justicia no parece moverse tan rápido. Marí apunta a que el juez que decide las visitas del padre solo hace caso a los informes del punto de encuentro, gestionado por una entidad privada. Botas afirma que esos informes no dicen toda la verdad. Por ejemplo, no cuentan que la cría "se hizo sus necesidades encima" en la sala de las visitas ante la perspectiva de "ir al baño con el padre". La ferrolana guarda en casa vídeos furtivos de sus hijos supuestamente grabados a las puertas de este lugar, cuando van a ser entregados al progenitor para pasar el día. Los pequeños se resisten, se oyen lloros desgarrados y gritos de espanto.
borja pino / AGENCIAS | OVIEDO
28 noviembre 2014
José Ignacio Bilbao Aizpurúa, de 55 años, acabó con la vida de sus dos hijas -Amets, de 9 años, y Sara, que el miércoles había cumplido 7 años- en el domicilio que tenía alquilado en el número 56 de la avenida Los Quebrantos de San Juan de la Arena y posteriormente se suicidó lanzándose al vacío desde el viaducto de la Concha de Artedo. El cadáver del hombre apareció sobre las cinco de la tarde bajo el puente de la autovía, sobre la carretera nacional. A poco más de un kilómetro hallaron su coche, un Citroën Xantia. José Ignacio Bilbao Aizpurúa, natural de Bilbao aunque en la actualidad vecino de Soto del Barco, fue identificado poco después de que su cuerpo fuera encontrado. Se había tirado desde 110 metros de altura, pero antes había cometido un brutal infanticidio
Fue al notificar el fallecimiento del hombre a sus familiares cuando se desató la alarma, ya que éstos expresaron su preocupación por las niñas, que José Ignacio Bilbao debía devolver a su madre, de la que estaba separado, esa misma tarde. Inmediatamente, efectivos de la Guardia Civil iniciaron una investigación para tratar de localizar el paradero de las menores. Otras fuentes apuntan a que fue la madre de las pequeñas -natural de Cudillero- quien, alertada al no presentarse su exmarido a la hora prevista, quien se dirigió a la Guardia Civil. Ella habría acompañado a los agentes hasta la vivienda de su expareja. Nada más llegar encontraron un rastro de sangre en el felpudo, lo que hizo temer lo peor. La tragedia se confirmó en el interior de la casa, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de Amets y Sara
Si para el Juez pesa más la opinión de una niña de 4 años, en una exploración en contexto judicial, con sus miedos, sus dudas, sus reticencias, las posibles influencias maternas y paternas, lo que cree que se espera que diga, etc. antes que la opinión de una profesional como es la psicóloga del juzgado, creo que el magistrado debería revisar cómo usa las herramientas que tiene a su alcance, a la hora de denegar una custodia compartida y por qué prioriza una sobre las otras.
Los jueces son personas, y por tanto, pueden dejarse influenciar por sus sentimientos, pueden sufrir lo que los psicólogos llamamos (y combatimos a diario) transferencia, donde las situaciones y circunstancias ajenas nos recuerdan a alguna situación propia, y pasamos de la empatía (comprender a los demás) al contagio, apartando la razón, y dejando paso a la emoción. Es fácil pensar que el hecho de haber visto en la sala a dos hermanitos pequeños, adoptados, tímidos y reservados, haya nublado un poco su juicio, nunca mejor dicho. Que la niña esté unida a la madre no es motivo para denegar una custodia compartida.
Considero, sin ser gran conocedora de este caso en particular, que hacer valer la opinión de una niña de 4 años que dice que "está bien" con el actual régimen de visitas de su padre, antes que la de una psicóloga que ha explorado el caso y ha recomendado una custodia compartida, no tiene sentido alguno.
El TSJA reitera que la voluntad del menor prima en la custodia
El tribunal descarta la tutela compartida por segunda vez en 4 días
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) hizo pública ayer la segunda sentencia en cuatro días que descarta la custodia compartida. El tribunal ratificó así la decisión que tomó en junio del año pasado el Juzgado de Instrucción 5 de Zaragoza, confirmada el pasado mes de marzo por la Audiencia Provincial, y denegó la solicitud del padre de los menores, Jesús, para que se aplicara la custodia compartida.Los magistrados definen este proceso como "caso límite", ya que el juez de primera instancia optó por mantener la custodia de la madre contraviniendo la opinión de la psicóloga del juzgado, que aconsejaba que los menores pasasen un semestre con cada progenitor. La sentencia del TSJA expone que "el criterio establecido por el legislador aragonés" es "otorga preferencia a la custodia compartida, que el juez adoptará en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente".
Además, recuerda que los jueces "no están obligados a seguir la conclusión de los peritos, pudiendo apartarse de ella siempre que se expresen razones que justifiquen la decisión". En este caso sería la propia prueba practicada en el juicio con el testimonio de los menores.
Ambos son de origen ruso, adoptados entre el 2006 y el 2008 --la niña con cuatro años y el niño con 2--, y la menor "es una niña de carácter tímido y reservado, muy unida a su madre, por la que siente un gran apego", explica la sentencia. La menor dijo en el juicio que "está bien" con el actual régimen de visitas de su padre, y el juez consideró que "tenía suficiente juicio". La sentencia recuerda que "la opinión de los menores resulta relevante" para determinar su futuro, aunque "no decide el litigio".
Una vez adoptada la decisión sobre la niña, el TSJA invoca el artículo 80.4 del Código de Derecho Foral Aragonés, que expone que "salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos", por lo que ambos seguirán con la madre.
Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/el-tsja-reitera-que-v...
El Ministerio de Justicia ha abierto un «expediente disciplinario por la posible comisión de una falta muy grave» contra una psicóloga forense, adscrita al Instituto de Medicina Legal de la Región, con el fin de investigar si informó en un procedimiento de divorcio pese a estar inmersa en apariencia en una causa de incompatibilidad. Así se hace constar en documentación de la Gerencia Territorial de Murcia, a la que 'La Verdad' ha tenido acceso, en la que se informa de que el precepto cuya supuesta vulneración se investiga es «el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades».
La denuncia contra la psicóloga forense B.G.A fue presentada el pasado enero por una vecina de Murcia que está en proceso de divorcio contencioso -no amistoso- en el Juzgado de Familia número 3 de Murcia. Después de entrevistarse con esta mujer, con su exmarido y con los tres hijos de la pareja, de 4, 6 y 8 años, la mencionada profesional emitió un dictamen por el que recomendaba la custodia compartida de los menores.
La denunciante comprobó, sin embargo, que de manera prácticamente simultánea a la realización de ese informe, su exesposo había acudido a una consulta privada en la que ejerce como coordinadora la mencionada B.G.A, el denominado Gabinete Pericial Forense, y había contratado los servicios de una psicóloga -compañera y socia de la primera- para que emitiera un dictamen de parte. La conclusión de este informe de pago fue, igualmente, que lo más indicado era la custodia compartida.
La mujer, que reclamaba la guarda y custodia de sus tres hijos por no estar trabajando y considerar que por esa razón podía atenderlos mejor -algo con lo que coincidía el fiscal-, interpuso una denuncia ante el Ministerio de Justicia por estimar que la psicóloga forense no se había abstenido pese a estar afectada por una causa de incompatibilidad.
En concreto, destacaba que B.G.A. hubiera emitido un informe como trabajadora de la Administración de Justicia, a la vez que su gabinete privado se llevaba «un evidente lucro o beneficio económico» por parte del exmarido, que es una de las partes interesadas en el procedimiento.
También atribuyó intencionalidad al hecho de que los dos informes se presentaran en la causa los días 10 de diciembre (miércoles), el privado, y 11 de diciembre, el público, cuando el juicio estaba señalado para el lunes, día 15, con lo que casi se le privaba de tiempo material para impugnarlo o recusar a la perito.
El juez acabó concediendo la custodia compartida al padre, en apariencia por el peso de ambos informes.
Este periódico contactó ayer tarde con B.G.A. para ofrecerle la oportunidad de dar su versión de los hechos, pero no respondió a la invitación.
A otros con el tratado TTIP.- Luis Peñalosa pedirá al pleno que Segovia se declare como municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). La propuesta de Izquierda Unida, a la que se han sumado otros colectivos ciudadanos, sostiene que el municipio no debe aceptar ni los principios ni objetivos de este tratado que negocian la Unión Europea y EEUU, en defensa de los servicios públicos básicos y para mantener la cohesión y redistribución social. Por ello insta a solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas su apoyo a estas iniciativas municipales, y al Ministerio de Economía para que requiera la suspensión de las negociaciones.
La moción advierte de mecanismos como el ISDS, que merman la soberanía de los estados frente a empresas transnacionales. Aboga, además, por mantener competencias en legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se dé la misma importancia a los sociales y ambientales. Exige, por otro lado, una total transparencia sobre el mismo.
