Una fiscal de violencia de género denuncia la alianza entre redes sociales y maltratadores

Servimedia | 16/06/2013 - 13:30

Flor de Torres Porras, fiscal de Violencia sobre la Mujer en Andalucía denuncia que "Twitter no respeta a las víctimas" de la violencia de género ya que los maltratadores usan las redes sociales para seguir injuriando y vejando a la mujer.

En su opinión, las redes sociales "se están convirtiendo en aliadas de muchos maltratadores. Con órdenes de alejamiento en muchos casos, Twitter, Facebook o Tuenti se transforman, a veces, en instrumenos con los que seguir injuriando y vejando a la mujer. Se roban claves y contraseñas para envíos masivos de correos con fotografías que atentan contra la diginidad de la víctima e, incluso, se producen supuestos ofrecimientos sexuales a través de las redes", denuncia la fiscal en una entrevista en la revista 'Grazia', recogida por Servimedia.
La fiscal señala que en la violencia machista solo hay sufrimiento y debilidad emocional y reta "a quien cuestiona la verosimilitud de la violencia de género, que se venga conmigo a un juzgado y vea la realidad".

Sobre las 'denuncias falsas'

Sostiene que existe intencionalidad con las llamadas 'denuncias falsas' y echa mano de los datos. De las aproximadamente 130.000 denuncias por malos tratos presentadas en 2012, se incoaron 20 por ser presuntamente falsas "y de esas 20, cuatro acabaron en sentencia".
Sobre el régimen de visitas a los padres maltratadores, aunque no le gusta generalizar, concluye, que si se parte del planteamiento de que un menor que ha estado expuesto a la violencia del padre necesariamente es una persona victimizada, las visitas de este progenitor "deberían ser mucho más restrictivas".

Por último, defiende la Ley Integral contra la Violencia de Género porque "es el único camino" y aboga por la igualdad porque es "el antídoto" contra el maltrato.

La ley de violencia de género falla en la protección de los hijos

* Los jueces solo suspenden las visitas a los niños en el 3% de los casos de maltrato

Los mellizos de Antonia G. tienen pánico a su padre. Desde que nacieron, en 1999, aprendieron de su madre a no llevarle la contraria para que no se enfadara. "Y en cuanto le oían abrir la puerta por las noches, muchas veces bebido, corrían a su cama para fingir que dormían", recuerda. Pese a estas precauciones, a menudo se ponía violento, insultaba y amenazaba con matar a toda la familia. Un día estuvo a punto de hacerlo: los encerró a los tres en el coche, fue a buscar al trastero dos bombonas de gas y, justo cuando volvía, apareció un vecino que evitó la tragedia.

En 2010, Antonia decidió pedir ayuda a los servicios sociales y vivió durante 10 meses en una casa de acogida de Madrid. El juez le concedió una orden de alejamiento por maltrato, pero obligó a los niños a visitar a su padre todos los sábados durante dos horas. “Tenía que forzarles, no querían verle porque les daba terror. Se quedaban callados y volvían a casa amargados”, recuerda. Durante varias semanas incluso se le permitió estar con los niños a solas, pese a que años atrás había raptado en Perú a su hijo mayor, fruto de una relación anterior, para llevárselo primero a Brasil y luego a España. Antonia recurrió y logró que las visitas fueran supervisadas. Eso alivió su temor al secuestro, pero no la angustia por la tortura que sufrían sus mellizos cada sábado.

La semana pasada, la ONU condenó a España a indemnizar a Ángela González, cuyo maltratador asesinó a su hija en 2003 durante una visita sin supervisión, por no proteger a la niña pese a las reiteradas denuncias de la madre. El Gobierno admitió aquel error, aunque recordó que ahora sería muy difícil que ocurriera un caso como aquel gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Pero ejemplos como el de Antonia demuestran que en la práctica siguen produciéndose situaciones de riesgo. Y las cifras lo confirman: según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces solo suspenden el régimen de visitas de los hijos a los padres maltratadores en el 3% de los casos y establecen medidas de protección para los niños en el 2,2%.

A Antonia le costó tres años conseguir que sus hijos no estuvieran obligados a ver a su padre. En 2013, el juez que tramitó su divorcio suspendió las visitas y estableció que no se reanudarían hasta que el maltratador se sometiera a un tratamiento psiquiátrico. Para lograr esa sentencia la madre tuvo que relatar decenas de veces su historia de malos tratos: la brutal paliza que le destrozó la cara poco después de casarse, el día que su marido estrelló un plato junto a las cunas donde dormían los mellizos, los tres intentos de suicidio del hombre… Y un episodio que no dejaba lugar a dudas: la noche que echó de casa a su hijo mayor después de que este, a los 16 años, le hiciera frente con un cuchillo. El maltratador nunca fue al psiquiatra y regresó a Perú, su país natal. Los mellizos ahora duermen tranquilos, pero les quedan secuelas. “Muchas veces la niña se pone a llorar de repente, sin motivo. Y el niño está agresivo, se está volviendo violento”, explica la madre.

El dictamen de la ONU reconoce el avance que supuso en España la Ley de Violencia de Género, pero señala también que persisten estereotipos de género en los juzgados que propician situaciones como la que condujo al asesinato de la hija de Ángela. El más extendido de esos estereotipos, según reconoce la magistrada Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio desde 2008 hasta marzo de 2014, “es la idea de que se puede ser un buen padre siendo maltratador, cuando los hijos son de hecho también víctimas por ser testigos de esa violencia. La prueba está en que incluso cuando el hombre ha asesinado a su mujer, muy pocas veces se le retira la custodia”. “No solo persiste este estereotipo entre los jueces, sino en la sociedad. Eso solo se puede combatir con formación y educación”, añade.

La juez Ángeles Carmona, actual presidenta del Observatorio del CGPJ, admite también que se siguen produciendo situaciones de desprotección. “Precisamente trabajamos para corregir este problema. Está ya en marcha la modificación de la Ley de Violencia de Género para incluir a los menores como víctimas directas, tal como recoge el anteproyecto de ley de protección a la infancia. Eso obligará a los jueces a estudiar medidas de protección para los hijos por defecto, aunque el fiscal o la madre no lo soliciten, algo que ocurre a menudo porque las maltratadas a veces no son conscientes del peligro y creen también que los padres deben ver a sus hijos”, asegura.

No hay denuncias falsas

Antonia G. tuvo la suerte de contar con la ayuda de los psicólogos y abogados especializados en violencia de género de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Gracias a ellos consiguió que sus hijos no tuvieran que volver a ver a la persona que les aterrorizaba, su propio padre. Su presidenta, Ana María Pérez del Campo, cree que la sentencia de la ONU sobre el caso de Ángela González va a ayudar a que los jueces dicten medidas cautelares con más frecuencia. “Podremos presentar ese dictamen cuando encontremos resistencias en los juzgados. Y también servirá para recordar que si los niños no quieren ver a sus padres maltratadores es porque les tienen miedo, no porque su madre les haya manipulado. Esa es otra idea falsa contra la que hay que luchar siempre”, dice Pérez del Campo.
Antonia, de hecho, tuvo que luchar contra ese estereotipo en el propio punto de encuentro al que llevaba a sus mellizos para que visitaran su padre. “A veces me regañaban porque los niños no querían quedarse, como si yo tuviese la culpa. Y me recordaban que estaba obligada a llevarles, mientras que a él nadie le recordaba que tenía que pagar la pensión de sus hijos, cosa que no hacía casi nunca”, asegura.
La juez Inmaculada Montalbán insiste en que la idea de que las mujeres manipulan a sus hijos contra los padres es completamente falsa. “Es triste que después de 10 años desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género no hayamos podido acabar con este mito. Y es uno de los más dañinos porque ataca a la credibilidad de las mujeres cuando ponen una denuncia de maltrato”, lamenta. Según el último estudio del Observatorio sobre este asunto el número de denuncias falsas fue solo el 0,01% del total

ESTEREOTIPOS

El País 6 AGO 2014 - 00:00 CEST

La ONU ha condenado a España por negligencia en el caso de la muerte de Andrea, la hija de Ángela González, que fue asesinada por su padre durante uno de los permisos establecidos por el juez tras la separación de la pareja. Esto muestra que en la lucha contra la violencia de género todavía hay muchos prejuicios que remover. El dictamen del organismo es un varapalo para un país que, desde la ley contra la violencia machista de 2004, ha puesto en el punto de mira la lacra de los malos tratos que los hombres ejercen sobre sus parejas o exparejas. Aunque el caso, como señaló la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, es anterior a la ley, las cifras recientes (cuatro muertas en los últimos cinco días) indican que aún queda mucho por hacer.

Ángela González y los servicios sociales habían desaconsejado que el padre se viera a solas con su hija. Pero el juez desoyó esas apreciaciones. En su decisión de concederle un régimen más amplio de visitas a un hombre que había sido denunciado más de 50 veces por maltratar y amenazar a su pareja primaron estereotipos —como dice el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente— que hay que erradicar. El primero es que un maltratador puede ser un buen padre, y que para un niño es mejor mantener el contacto con un progenitor violento que estar apartado de él. Todavía no ha calado en la sociedad en general, y en la judicatura en particular, que un hombre que agrede a la madre de su hijo tiene un problema consigo mismo por resolver. Y que hay que tutelar su relación con alguien tan vulnerable como un niño mientras no consiga solucionarlo. La creciente preocupación por que los niños pudieran convertirse también en víctimas en los casos de violencia de género debería traducirse en medidas concretas de protección. Esto va en contra de lo que sucede actualmente, cuando solo el 3% de las sentencias por malos tratos incluyen la suspensión del régimen de visitas.

El segundo estereotipo es recurrente desde que se aprobó la ley contra la violencia machista: que las mujeres abusan de su condición de víctimas para obtener beneficios en los procesos de divorcio. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado cifra en menos del 0,01% las denuncias falsas por malos tratos.

Erradicar esos dos estereotipos sería un primer paso importante para proteger a los niños involucrados en situaciones tan dramáticas como que un padre pegue —o mate— a una madre.

A la Presidenta de Violencia de Género del CGPJ

 Esta mañana (4/8/2014) he escuchado en la Ser a la Sra Carmona a propósito de la decisión de la ONU en la que condena al estado español por permanente negligencia judicial y policial producida en el asesinato de una niña de 7 años a manos del padre durante el régimen de visitas sin vigilancia, tras una lucha permanente de la madre (30 denuncias) para que el juez anulara dicho régimen. Y el CDAW además de fijar una indemnización para la madre, exige una revisión del caso y exhorta al estado español para que responda sobre las medidas que adopte teniendo en cuenta los antecedentes de malos tratos en la concesión de custodia en un plazo de seis meses.

 La respuesta de la Sra Carmona ha sido, con ánimo de ser generosa, al menos insuficiente. Es realmente descorazonador escuchar a tan alta magistratura decir que tenemos normas suficientes que se deben aplicar, que es importante coordinarse ¿? que jueces, fiscales y el personal encargado de estas cuestiones están especializados en violencia de género, que las/os menores son víctimas directas de esa violencia y finalmente que vamos avanzando. En fin, un pequeño compendio de lugares comunes. Y eso lo dice en una semana donde han asesinado a 4 mujeres por violencia de género, que han muerto ya 41 y varios menores.

 Sra Carmona, tuvimos normas y herramientas suficientes desde que el inolvidable ministro de Justicia en aquellos años, Francisco Fernandez Ordoñez, sacara adelante la ley de divorcio de 1982. Entonces era habitual que se contemplara el “interés superior del menor” y los juzgados lo aplicaban, si bien restringidamente, para suspender regímenes de visitas no sólo por maltrato sino incluso por impago de pensiones y hasta suspensiones de la patria potestad si el peligro era previsible, porque todo ello estaba bien regulado en el código civil. Esa ley de divorcio que los padres separados quemaban públicamente y en la que cada modificación ha ido en detrimento de la seguridad tanto económica como emocional de las/os menores sin que el derecho de familia haya sido alterado en lo sustancial, pero dando armas para interpretarlo sesgadamente.

 Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? pues sencillamente que el patriarcado ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que el maltrecho mito del “pater familia” se imponga de nuevo. Las mujeres y las/os menores deben ocupar el lugar que tenían asignado antes de la ley de divorcio. Para ello se emplean a fondo, se adopta por juzgados, forenses y otros organismos el SAP, esa especie de falso síndrome de alienación parental inventado por un suicida que propugnaba las relaciones sexuales de adultos familiares con menores, síndrome que ha sido reiteradamente desechado por la OMS por no ser científico, a la vez que no se reconoce el síndrome de indefensión aprendida que padecen las víctimas. Y con esta infame “filosofía” se crean los puntos de encuentro sin regulación ninguna, pero cuyos informes son prueba irrefutable para el juez, los equipos psicotécnicos en los juzgados de familia que sin investigación de campo, con una entrevista de 15 minutos en la que no ven a las/os menores, hacen sus dictámenes. Y la guinda ha sido la custodia compartida impuesta que, inconstitucionalmente por modificar una norma del código civil para lo que no tienen facultades, se ha venido legislando en más de una comunidad autónoma como es Aragón y C. Valenciana. Y ¡eso sí! el delito de impago de pensiones que nunca llega a estimarse.

 No Sra Carmona, quienes en el ejercicio de la abogacía hemos estado más de 30 años defendiendo mujeres sabemos bien que el retroceso es imparable. En los últimos 15 años he tenido ocasión de investigar precisamente la labor de los puntos de encuentro y equipos psicotécnicos y estoy en condiciones de afirmar que, ni tienen especialidad alguna en violencia de género, ni es requisito exigible para ejerces sus funciones.

 Desconozco de què coordinación habla vd porque nunca he podido comprobar que exista. Los hechos sin embargo son tozudos y se empeñan en demostrar que el avance es totalmente incierto. La realidad nos dice cada día que las víctimas de violencia de género son mujeres y menores, que se vulneran todos sus derechos fundamentales incluida la vida, que la valoración del riesgo que corren las víctimas es muy deficiente por falta de especialidad de quienes tienen esa tarea y que el hecho de la denuncia es inocuo en el mejor de los casos. Las casas de acogida, aquellas que no han cerrado con ocasión de la crisis, son inadecuadas (sólo funcionan las que ofrecen las asociaciones) que no tienen estadísticas del tiempo que soportan las mujeres en esos centros y cual es la causa, que sólo existe un centro de recuperación de víctimas de maltrato en este país, creado hace más de 25 años por Ana María Perez del Campo, del que se puede dar fe que lleva a cabo esa recuperación, en el que se aplica un serio método con profesionales excelentes, donde mujeres y menores siguen una terapia poderosa y donde no se producen deserciones ni muertes.

 Y todo esto es sólo un somero resumen de lo que sucede en nuestro país. El rapapolvo de la ONU debería ser un verdadero toque de atención a cuanto sucede, porque se trata de la vida de inocentes víctimas y su discurso Sria en ningún momento ha reflejado la alarma o al menos la preocupación y las medidas que es indispensable acometer si no queremos ser cómplices de esta barbarie.

Fdo. Emilia Caballero Álvarez

La ONU condena a España por no proteger a una niña asesinada por su padre

"Este organismo de la ONU exige que se tomen medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuanto al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos"

"Se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio..."

¿POR QUÉ SERÁ QUE EN ESPAÑA LA VIOLENCIA MACHISTA VA GANANDO TERRENO? ¿POR QUÉ SERÁ QUE ESTAMOS YENDO JUSTO EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA A LO QUE RECOMIENDA LA ONU? ¿POR QUÉ EN ESPAÑA MADRES Y MENORES ESTÁN CADA VEZ MÁS DESPROTEGIDOS? ¿CÓMO PUEDE HABER EN LOS JUZGADOS ESPAÑOLES UNA CARENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA TAN BRUTAL?
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• El Estado debe indemnizar a una madre que denunció 30 veces a su maltratador hace 11 años

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.

El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. Y el dictamen ha sido unánime: los 36 miembros del comité han estado de acuerdo. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea; también que la Administración maltrató a Ángela al no reconocer la negligencia cometida”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.

Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de vistas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).

Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces, ella y sus abogadas decidieron acudir al CEDAW. Su objetivo, explica la abogada Paloma Soria, de Women's Link, es que el dictamen vinculante sirva también de pauta para que otros países implementen su legislación en materia de violencia de género. "Servirá de guía para dotar de mayor protección a los menores, para que su derecho prevalezca frente a todo, porque la falta de protección a los menores es algo común en todo el mundo", dice Soria.

La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido este lunes que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, aunque recordó que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW. La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela. Esa indicación, en la que se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...), es uno de los puntos fundamentales del dictamen del CEDAW.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Varios colectivos, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, insistieron ayer en esto, y pidieron al Gobierno medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.
Como respuesta, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordó que está impulsando nuevos mecanismos para proteger a los menores en estos casos, como la norma que obligará a los jueces a establecer medidas cautelares de oficio. No obstante, explica un portavoz, “los jueces son los que tienen la última palabra; la ley solo puede marcar un camino que ayude a llegar a la sentencia más adecuada”.