URGENTE: NECESITAMOS VUESTROS TESTIMONIOS

Necesitamos urgentemente que nos contéis vuestro testimonio de cómo la custodia compartida está afectando negativamente a vuestros/as hijos/as así como las irregularidades que habéis vivido durante el proceso judicial. Puede ser de forma anónima, pero vuestros testimonios son claves para poder contar lo que está pasando.

Por favor, enviadlos por email a: custodiaenpositivo@gmail.com

¡NECESITAMOS VUESTRO APOYO! Cada testimonio cuenta

El Supremo deniega por primera vez una custodia compartida por la conflictividad entre los padres

• Dice que la custodia conlleva que 'entre los padres exista relación de mutuo respeto'
• Rechaza el recurso de un padre contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla

EUROPA PRESS Madrid Actualizado: 23/12/2014 17:09 horas

 

El Tribunal Supremo ha denegado la custodia compartida a un padre por entender que la conflictividad existente entre los progenitores perjudica al hijo menor de edad. Con esta resolución, el Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por el progenitor contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que confirmó la concesión de la custodia a la madre y declara por primera vez que la custodia compartida conlleva que entre los padres exista "relación de mutuo respeto"
La pareja contrajo matrimonio en 2007 y el marido presentó demanda de divorcio antes de que naciera el hijo, en 2009. El Tribunal Supremo afirma que las sentencias de primera y segunda instancia reconocen que ambos progenitores están capacitados para ostentar la guarda y custodia del menor, pero señala que la sentencia del Juzgado de Dos Hermanas valoró la conflictividad entre los progenitores como perjudicial para el interés del menor, lo que desaconseja la custodia compartida.
Según recoge el fallo, la madre presentó ante la Sala de lo Civil un auto de modificación de medidas para acreditar la situación de enfrentamiento -documental que no fue admitida por no tener relación con el recurso- en el que se fijaba el domicilio de los abuelos paternos como lugar de entrega y se suprimían los contactos telefónicos del padre con el menor por unas llamadas telefónicas que la juzgadora entendió como agresivas, motivo por el que se dedujo testimonio al correspondiente juzgado de violencia contra la mujer.

En interés del menor

La Sala de lo Civil reitera en esta resolución su doctrina sobre la custodia compartida, que "debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se va a tomar". Asimismo, recuerda que no se trata de "una medida excepcional", sino que, al contrario, "habrá de considerarse normal e incluso deseable" porque "permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".
En esta sentencia, el Tribunal Supremo declara por primera vez que la custodia compartida en caso de divorcio conlleva como premisa "la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de aptitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad".

POR FAVOR, POR NUESTROS/AS HIJOS/AS, ¡¡¡FIRMAD Y DIFUNDID A TOPE!!!

 El anteproyecto de ley que pretende aprobar el PP con el nuevo Ministro de Justicia a la cabeza, va a causar un daño irreparable para muchísimos menores cuyos padres se separen de forma contenciosa. Si ya se están dando situaciones que son auténtico maltrato institucional hacia estas criaturas, con la aprobación de esta ley se va a abrir la vía legal a este maltrato ya que para nada mira por el bienestar del... menor como objetivo prioritario.

¡¡¡Hay que inundar con esta petición a los promotores de semejante barbarie! ¡¡¡Que se nos oiga!!!!!!!!!!!

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-y-diversas-agrupaciones-pol%C3%ADticas-no-a-la-custodia-compartida-impuesta-por-el-da%C3%B1o-tan-grave-e-irreparable-que-van-a-causar-a-los-menores-de-este-pa%C3%ADs

El maltrato de las visitas

• 31 niños han sido asesinados desde 2008

• 20 de ellos fallecieron durante el régimen de visitas

RAFAEL J. ÁLVAREZMadrid

Actualizado: 29/11/2014 02:58 horas

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El 97% de los hombres con orden de alejamiento por violencia machista obtiene en los juzgados un régimen de visitas a sus hijos, ya que los magistrados sólo deniegan el 3% de los casos en que hay menores de por medio. Es el universo del maltrato a los hijos para seguir maltratando a la mujer: 31 niños y niñas asesinados desde 2008, 20 de los cuales perdieron la vida durante la visita.

Y la tendencia de esas suspensiones del régimen de visitas es a la baja, al menos en los tres últimos años. De nada parecen valer las advertencias de los expertos, que llevan años afirmando que un maltratador de mujer no es un buen padre; ni la letra de las leyes que hablan del "interés superior del menor", ni el anuncio del Gobierno para incluir en la ley integral como víctimas de violencia de género a los hijos de los agresores, ni los números de la sangre, aumentados el jueves en Asturias.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran la escasa denegación de visitas a los maltratadores y su involución en el tiempo. En 2011, de 791 órdenes de protección en las que se había pedido suspensión de ese régimen, sólo se concedieron 49 (3,4%). En 2012, de 653, 57 (3,1%). En 2013, de 590, 23 (3,0%). Sólo en el segundo trimestre de este año (un periodo no comparable al año completo) se ha producido un levísimo repunte de denegaciones: de 151 órdenes de protección, 11 suspensiones de visitas.O sea, un 3,2%, dos décimas más que en 2013. Pero habrá que saber qué pasa en todo 2014.

"Es muy preocupante. Y va a más. Tiene que ver con la falta de credibilidad que se da a las mujeres. Falta formación en todos los estamentos. Es una lucha diaria", sostiene Ángela Alemany, abogada y autora de decenas de estudios sobre violencia de género y ámbito judicial.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eran ayer especialmente didácticas: "Hay que analizar la violencia de género desde la perspectiva de la víctima y del círculo de la violencia, no desde la normalidad. Ésta no es una violencia como las demás. Hay que quitarse prejuicios de género, eso de que las mujeres mienten -el año pasado las denuncias falsas supusieron el 0,022% de los casos-, que quieren obtener algo a cambio cuando denuncian... O que provocan en sus hijos el Síndrome de Alienación Parental, algo no reconocido por ninguna autoridad científica mundial -informes del CGPJ lo califican de construcción-, pero que está siendo utilizado precisamente para confundir a los jueces. Casos como el de Asturias, el de Málaga en 2012 -un hombre se llevó al bebé de su novia durante la visita y lo mató- o el de Bretón son intolerables".

El Principado de Asturias, la segunda comunidad autónoma tras Cataluña en la que más órdenes de protección se deniegan (un 57%), es el último ejemplo extremo de denuncia previa de maltrato y denegación de visitas. El asesinato de las dos hijas de la mujer que había puesto en manos de la Justicia el maltrato de su marido asciende a tres el número de menores muertos por sus padres en lo que va de año. Otros dos casos (uno en Madrid y otro en Cádiz) están en investigación, aunque tienen bastante hedor a violencia de género.

Son, hasta ahora, el final de una estadística impensable, cifras para letras como aquellas que, el pasado abril, le dedicó por teléfono a su ex mujer un hombre de Madrid antes de ahogar a dos niños: "No vas a volver a tus dos hijos". O aquel que, en julio de 2012 en Tenerife, llamó al telefonillo y le dijo a su ex esposa antes de estrellar el coche con su hijo dentro: "Asómate y mira".

En 2008, seis menores fueron asesinados, dos de ellos durante el periodo de las visitas. En 2009, dos, ambos durante la visita. En 2010, seis, tres de los cuales sin su madre delante. En 2011 y en 2012, ocho, seis de ellos en tiempo de visita. El año pasado, seis, cuatro de los cuales murieron durante las visitas. Y en lo que va de año, tres menores (quizá más otros dos, en investigación) han muerto, los tres muy lejos de la protección de su madre.

O sea, 31 pequeños asesinados en siete años, 20 de los cuales sin que muriera también la madre, lo que los especialistas consideran el colmo del maltrato hacia la mujer. "No hay mayor daño que dejar vivir a una mujer después de matar a sus hijos", dice Soledad Cazorla, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, que lleva años luchando para que la lupa de la justicia esté atenta a esta violencia tan específica.

Cazorla, que sabe de decisiones jurídicas insólitas, no se cansa de alertar a quien quiere oírla: "Nos preocupan los altos índices de concesión de visitas a maltratadores con órdenes de protección para sus víctimas. Hay que saber cómo se controla ese asunto, qué efectos tiene una medida como esa, porque no es más que un evidente acto de control sobre la mujer. Y lo mismo pasa con las guardas y custodia. Los maltratadores maltratan a los hijos para maltratar a la mujer. Es la terrible expresión del te voy a dar donde más te duele".

El estereotipo social de que los padres nunca dañarán a sus hijos

Los números del Consejo General del Poder Judicial ilustran lo que Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, establece como "impulso del estereotipo social". "Los jueces no se creen que los menores estén en peligro, prima el derecho del padre frente a la protección del hijo. Y así alimentan el estereotipo social: un padre no puede hacer daño a su hijo. Hasta las mujeres lo creen. Por eso muchas de ellas mantienen la denuncia por maltrato, pero no quieren que el padre deje de ver a sus hijos. Esta violencia es tan específica que los poderes públicos deben estar absolutamente alerta siempre". Ya se lo advirtió a España el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) cuando, en julio de este año, condenó a nuestro país por negligencia policial y judicial sobre Ángela Carreño. Su ex marido mató a la hija de Ángela durante una visita sin vigilancia y ella lo denunció ante las autoridades españolas. Once años después de aquellos hechos, la ONU_condena al Estado español por no proteger a Ángela ni a su hija, por no haber condenado al maltratador ni haber indemnizado a la madre por los daños causados.

 

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/29/5478e158ca47415a6d8b4578.html

ESPANA Víctimas denuncian la instrumentalización de los menores para perpetuar las agresiones

Cuando los hijos son arma y víctimas de la violencia machista

ULISES

JOAQUÍN VERAMadrid

Actualizado: 27/11/2014 16:44 horas

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Primer ejercicio de la tarde

-Nosotros nos cagamos en Dios

-Nosotros nos cagamos en Dios

-Nosotros nos cagamos en Dios

...

Y así hasta 100 veces escritas línea bajo línea sobre un folio.

Segundo encargo de la tarde

-Ahora vamos a pintar y colorear, Raúl. Yo te dibujo una Iglesia ardiendo y tú le das color con las témperas. Puedes dibujar también a curas y monjas ardiendo alrededor. Verás qué divertido.

-Vale, papá.

Este es el resumen de una clase de "antirreligión": El castigo que le impuso un padre a su hijo de siete años durante su turno de visitas después de que la madre del pequeño decidiese apuntarlo a clases de catequesis.

Un capítulo más de la instrumentalización del hijo por parte del padre para seguir perpetuando la violencia que sufre esta madre. El niño: arma y víctima de la "violencia más sutil, la más difícil de demostrar", según los expertos. Una realidad cada vez más presente, según alertan desde las asociaciones contra la violencia machista, "que necesita de una urgente solución".

"El objetivo es desacreditar a la madre como sea. A través de pautas de educación o acusarla de que la relación se rompió por su culpa. A veces, son amenazas a través de los hijos, intimidaciones -que pueden ser más o menos sutiles- sobre cumplir el régimen de custodia. Y en otras ocasiones, directamente persecuciones", analiza Rocío Peces, psicóloga de la Asociación Mujeres unidas contra el maltrato.

No sólo hacia la madre

Una violencia que no sólo apunta hacia la madre, sino también hacia el propio hijo o hija del agresor que se manifiesta en alteraciones emocionales, dificultad para comunicar sus emociones, problemas de conducta, alimentación o sueño y por supuesto -como pretende el padre- un desgaste entre la relación del pequeño con su madre.

Prueba de ello es lo que sufrió tan sólo 24 horas antes de reunirse con EL MUNDO Carmen L, quien relata que su hija adolescente "explotó" por la prohibición del padre de ver a su abuelo paterno: "Me enseñó información que había buscado en internet sobre tipos depistolas y métodos para quitarse la vida. Dice que no quiere vivir más con esta situación de tira y afloja de la que nos culpa a los dos".

Según relata, su hija hace varios meses que no puede visitar a su abuela porque su padre se lo tiene prohibido: O hace que la madrerenuncia a la custodia de la adolescente o no se ven. No le valen al agresor las medias tintas: "Para él o para él".

La psicóloga de Mujeres unidas contra el maltrato -donde ofrecen asesoría legal, psicológica y social- narra que desde su asociación encuentra tantos perfiles como mujeres; "algunas son más conscientes de que están utilizando a su hijo como instrumento para hacer daño y otras que simplemente vienen preguntando por qué actúa así mi ex marido" "Quieren comprender qué está pasando: por qué esa lucha, esa manipulación", explica.

'Muy complicado de demostrar'

Una manipulación que es "muy complicada de demostrar ante un juez", afirma la abogada especialista en la materia Marta Fresnillo. Según argumenta, si hay una violencia directa es "fácil demostrarlo", pero en este caso son "pequeños actos que independientemente ninguno son constitutivos de delito, pero cuando los relacionas todos suman el hecho de seguir teniendo el dominio de la mujer".

Son casos en los que una orden de protección que les prohíbe acercarse a ella no es suficiente ya que siguen teniendo un vínculo que es el niño, que "lo aprovechan para seguir agrediéndola". Por ello, Fresnillo denuncia que son "muy pocos jueces los suspenden las visitas, y la patria potestad casi inexistentes, por lo que la violencia se sigue ejerciendo. Y comprobar que todos los actos son una manipulación es muy complicado".

Ante esta situación, la abogada defiende que se debe "oír más al menor" en escenarios como los explicados, además de exigirinformes psicosociales realizados con mayor profundidad.

"No debe imperar como hasta ahora la idea de que jamás se debe suspender la relación de un padre con su hijo. Los jueces son muy reacios a suspenderlas. El menor es un bien superior y los jueces deberían sopesar más los informes porque quizá sea necesario suspenderla", sentencia.

http://www.elmundo.es/espana/2014/11/27/547617d4268e3eb6738b456e.html

Audiencia Provincial de Alicante otorgó la custodia compartida a un hombre condenado por Violencia de Género

Este año la Audiencia Provincial de Alicante otorgó la custodia compartida a un hombre condenado por la Ley de Violencia de Género al considerar que "no se apreciaba" que entrañase un "riesgo objetivo para los hijos o para el otro progenitor". Esta sentencia perfila, como tantas otras, un peligroso modelo de relaciones familiares postmatrimoniales y lo da como bueno socialmente. Elude que el niño también ha sido víctima de la violencia y todas las consecuencias que tendrá para su de­sarrollo psicológico, como la interiorización de los roles que desembocan en la violencia machista, y su naturalización como una pauta de relación normal.

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24571-desproteccion-la-infancia-sistema-judicial.html

SISTEMA JUDICIAL CORRUPTO

Lucha!

MALTRATADA Y ENVIADA A PRISION POR EL JUEZ

MALTRATADA Y ENVIADA A PRISION POR EL JUEZ

En Sevilla, donde la bondad y el cariño de las compañeras feministas se hizo patente hace unos días en la asistencia a la presentación de mi libro Los nuevos machismos, y en el homenaje que me rindieron, sufrí la tristeza de conocer, una vez más, como la casta judicial se muestra en toda su crueldad patriarcal contra las mujeres y los niños. Las víctimas del maltrato machista, así como sus hijos –los más débiles e impotentes–, son doblemente victimizadas cuando acuden a pedir amparo a la justicia democrática de nuestro Estado moderno, respetuoso con la defensa de los derechos humanos.

Inés María Rivas Morera tuvo que denunciar al padre de su hija de tres años por abusos sexuales continuados. La denuncia se archivó en el Juzgado. Presentó querella y volvió a archivarse, se presentó el recurso ante la Audiencia y ratificó el archivo alegando la falta de pruebas. Por tanto el padre mantuvo todos sus derechos sobre la hija: la patria potestad y el régimen de visitas que le permitía disponer de la niña fines de semana alternos. La madre, desesperada ante la obligación de entregarle a la menor durante dos días cada quince, sin control alguno, dejó de permitírselo. La denunciaron a ella el ex marido y el fiscal, siempre tan atento a defender los derechos de los padres, y el juez ordenó que la detuvieron varios días. Cuando en la resistencia callada y sufrida que mantienen las madres en la defensa de sus crías, aún contra las agresiones de los progenitores –y sin esa capacidad de defensa femenina la humanidad hubiera desaparecido hace milenios–, Inés se mantuvo firme en proteger a la niña, el juzgado le ha impuesto multas que oscilan de 2.000 a 4.000 euros. La resolución judicial sobre el último recurso presentado por su abogado lleva camino de eternizarse.

Isabel Hinojosa Picón ha sido víctima de la insania machista del juez Serrano que, en Sevilla, durante un tiempo, demasiado, dispuso del poder que otorga el nombramiento judicial para perseguir a las mujeres que presentaban en su juzgado demandas de divorcio o denuncias por maltrato. Tantas fueron las actuaciones no ajustadas a derecho que acabó siendo condenado por prevaricación, pero mientras tanto Isabel y muchas más, y yo misma, fuimos víctimas de la persecución del que debía ser el garante de nuestra tutela judicial.

El más penoso y urgente de los casos que en una catarata de confidencias me contaron las víctimas, es el de María Salmerón Parrilla que se encuentra en el corredor de la prisión, esperando que en breve se le ordene ingresar para cumplir condena. María sufrió maltrato por parte de su marido durante un tiempo interminable –cualquier plazo de tiempo bajo la tortura es demasiado–, en el que la hija fue víctima y testigo a su vez. A pesar de ser condenado por sentencia firme, como es habitual en el criterio de los jueces, no se le ha retirado el régimen de visitas y la criatura sufre cada fin de semana los gritos, golpes y castigos del padre, hasta que la madre decidió no entregársela más. Y entonces comenzaron los procesos contra ella. Fiscales y jueces tan laxos con la concesión de órdenes de alejamiento y de protección, y mucho más descuidados en hacerlas cumplir, hasta que el denunciado o condenado puede asesinar a su víctima, son rigurosamente estrictos en la persecución del delito de desobediencia a las órdenes judiciales: cuando la madre se niega a cumplir el régimen de visitas señalado en la sentencia. Aquí hablamos además del criterio patriarcal por el cual el hombre siempre tiene razón, de la defensa del honor del juez. No va a permitir que una simple mujer, y en este caso no puede alegarse que falsa puesto que existen dos sentencias condenando al maltratador, pero siempre inestable por su condición de hembra, ponga en cuestión y se niegue a cumplir sus imperativos mandatos.

Por tanto, condenaron a María a un año y seis meses de prisión. Cuando no cupieron más recursos se solicitó el indulto, y a pesar de la explosión de generosidad ciudadana y feminista que expresó su indignación repetida y públicamente, y de la cobertura que los medios de comunicación le dieron, curiosos por el extraño caso, no se logró de la generosidad del gobierno más que un indulto parcial que se la redujo un tiempo. Pero en eso el padre volvió a exigir el cumplimiento del régimen de visitas y María siguió negándose a ello en protección de su hija. Y cayó la segunda condena, y ya no hay posibilidad de incumplirla porque al ser la segunda no cabe la remisión de la misma. Los periodistas ya no se interesan por María y su hija, no se pueden repetir interminablemente los temas. La audiencia quiere noticias frescas cada día, consume atrocidades como el Minotauro vírgenes, siempre insaciable, mientras los horrores se renueven. La tortura continuada, cruel y despiadada pero minúscula, a entender de la sociedad civil, que sufren madres y niños, inermes en las manos de sus verdugos que son amparados por el sistema judicial y el criterio general, no llama la atención más que unos minutos en el primer telediario. Después vuelve a tratarse de un asunto privado, que el juez resolverá. Y ya lo ha hecho.

Como explicaba María, ella está en el corredor de la prisión esperando que cualquier día le llegue la orden del juzgado de ingresar en la cárcel. Y en ese momento la niña irá a vivir con el padre, que finalmente la tendrá a su disposición libremente. El círculo infernal de maltrato, victimización judicial, persecución del verdugo, condenas injustas y entrega de la menor a la disposición incondicional del maltratador, se habrá cumplido.

Menos mal que disponemos de una espléndida Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia de Género, que este diciembre cumplirá diez años, de una red de Juzgados de Violencia que están ahí, con su equipo completo, fiscal, secretario, forense, asistente social, de cuatro cuerpos de Seguridad del Estado –municipal, autonómica, nacional y Guardia Civil– que velan incansablemente por defender y proteger a las víctimas de maltrato, y las mujeres disponen de órdenes de protección y alejamiento contra los denunciados, a los que se controla con pulsera electrónicas de nuevo invento, y en una modernísima y complejísima página web que administran incansablemente seis funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior. Que además disponemos de la red consiguiente de Casas de Acogida y Centros de Información a la Mujer, con un teléfono, el 016, que da información gratuita y secreta a toda la que la demande.

De no ser así, María en vez de estar en el corredor de la prisión estaría en el corredor de la muerte, como le sucede a muchas mujeres en India, Sudán, Pakistán y otros países menos democráticos que el nuestro, pero por ella no se van a movilizar ni Amnistía Internacional ni los sublevados de Can Vies ni los de Gamonal. Al fin y al cabo se trata de una más de las mujeres que sufren maltrato en nuestro país.

http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/06/01/maltratada-y-enviada-a-prision-por-el-juez/

POR FAVOR, POR NUESTROS/AS HIJOS/AS, ¡¡¡FIRMAD ESTA PETICIÓN Y DIFUNDID A TOPE!!!

POR FAVOR, POR NUESTROS/AS HIJOS/AS, ¡¡¡FIRMAD Y DIFUNDID A TOPE!!!
El anteproyecto de ley que pretende aprobar el PP con el nuevo Ministro de Justicia a la cabeza, va a causar un daño irreparable para muchísimos menores cuyos padres se separen de forma contenciosa. Si ya se están dando situaciones que son auténtico maltrato institucional hacia estas criaturas, con la aprobación de esta ley se va a abrir la vía legal a este maltrato ya que para nada mira por el bienestar del menor como objetivo prioritario.

 ¡¡¡Hay que inundar con esta petición a los promotores de semejante barbarie! ¡¡¡Que se nos oiga!!!!!!!!!!!

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-y-diversas-agrupaciones-pol%C3%ADticas-no-a-la-custodia-compartida-impuesta-por-el-da%C3%B1o-tan-grave-e-irreparable-que-van-a-causar-a-los-menores-de-este-pa%C3%ADs

Interesante de escuchar

http://www.cadenaser.com/espana/audios/hoy-hoy-00-09-00-lunes-29-2014/csrcsrpor/20140929csrcsrnac_23/Aes/

El juez no avisó a la fiscal de las visitas a la hija de un presunto asesino machista

La Fiscalía solo tuvo conocimiento de la polémica decisión del juez de Aranjuez una vez que ya estaba acordada la medida

MARIOLA LOURIDO   30-09-2014 - 10:44 CET

El Ministerio Fiscal no pudo hacer nada, no pudo intervenir para ejercer su función de defensa de la menor ante la concesión del régimen de visitas a su padre encarcelado por haber presuntamente matado a su madre.

Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran a la Cadena SER que el magistrado dictó el auto sin haber dado traslado al fiscal para que informase y se posicionase. La fiscala especial de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla se mostró en la SER indignada y atónita ante la resolución del juez. La considera "un desatino, desafortunada e increíble".

Cazorla anunció medidas para intentar corregir la insólita decisión del magistrado de Aranjuez y considera que este caso pone una vez más de manifiesto la necesidad de una formación especializada de jueces, fiscales y también de los equipos psicosociales que emiten los informes.

Las fuentes jurídicas consultadas por la SER apuntan a que la única opción del fiscal es presentar recurso contra las visitas ante la Audiencia de Madrid, como ha hecho ya la familia materna que tiene la patria potestad y la custodia de la pequeña.

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/juez-aviso-fiscal-visitas-hija-presunto-asesino-machista/csrcsrpor/20140930csrcsrsoc_5/Tes

Ángeles Carmona reclama más protección para la infancia

A raíz de que un juez permitiera que un padre acusado de matar a su esposa visite a su hija, recuerda que los jueces siempre tienen que informar al fiscal de sus decisiones

CADENA SER   30-09-2014 - 09:23 CET

Tras la noticia que adelantó la Cadena SER, al dar a conocer que un juez permitió que un padre que se encuentra en prisión acusado de matar a su esposa pueda visitar a su hija, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, recuerda que los jueces tienen que informar siempre al fiscal antes de tomar una decisión.

La Cadena SER ha conocido que el juez que decidió autorizar que un hombre detenido por asesinar presuntamente a su mujer pueda visitar mensualmente a su hija, tomó dicha decisión sin informar a la fiscalía.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha señalado en los micrófonos de 'Hoy por Hoy' que los jueces tienen que informar siempre al fiscal antes de tomar una decisión. Ahora será la Audiencia Nacional la que deberá pronunciarse sobre esta decisión.

Carmona reclama más protección para los menores. "Los niños están expuestos a los daños y riesgos que genera la violencia de genero", ha destacado, y por ello considera que es necesario que la legislación contemple una mayor seguridad.

Asimismo, ha confirmado que el pleno del consejo aprobará este martes por la tarde un informe favorable a la ley de protección de la infancia.

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/angeles-carmona-reclama-proteccion-infancia/csrcsrpor/20140930csrcsrsoc_3/Tes?id_agr=outbrain-ser&obd=obinsite

SUMAD VUESTRA FIRMA al Informe Sombra CEDAW España

Publicado el 3 junio, 2014 por cedawsombraesp

 

En abril de este año la Plataforma Informe CEDAW Sombra España publicamos nuestro Informe Sombra que presentaremos ante Naciones Unidas para que sea tenido en cuenta como parte de la voz de la sociedad civil española en la evaluación del Comité de la CEDAW a España.

Hasta el momento más de 200 organizaciones de la sociedad civil han firmado este Informe Sombra, demostrando que con el trabajo realizado por la Plataforma hemos conseguido aunar las demandas de la sociedad civil en torno a las reivindicaciones sobre los derechos de las mujeres. Estas firmas suponen asimismo un aumento de la potencia de nuestra voz, que queremos que sea decisiva en la evaluación a España de la aplicación de la CEDAW en el período 2009-2013.

Con el fin de seguir agrandando nuestra fortaleza, continuamos recogiendo firmas de asociaciones y colectivas. Para hacerlo, sólo hay que rellenar el formulario que está a continuación.

 

http://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/06/03/sumad-vuestra-firma-al-informe-sombra-cedaw-espana/

 

 

El Consejo de Estado rechaza la custodia compartida si los padres no lo piden

El dictamen sobre la reforma de la ley recomienda esta fórmula solo de forma excepcional

 

Raquel Vidales Madrid24 SEP 2014 - 00:03 CEST

 

El Consejo de Estado rechaza que los jueces impongan de manera ordinaria la custodia compartida si ninguno de los padres lo pide. En su dictamen sobre el anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que esta fórmula solo debe establecerse de manera ordinaria "cuando uno de los progenitores lo solicite", y advierte de que "la apertura de este esquema para el caso de que ninguno de ellos lo haya solicitado constituye una medida legislativa sobre cuyas consecuencias debe reflexionarse seriamente y que, en todo caso, debe contemplarse con un carácter de excepción".

UPyD, el partido que impulsó esta reforma con una moción en 2012, tenía previsto llevar este miércoles el asunto al Congreso por considerar que se está demorando la aprobación de la ley. El diputado Toni Cantó iba a preguntar al ministro de Justicia por qué, si el Consejo de Estado ya ha emitido su dictamen, no presenta el proyecto definitivo. La pregunta se ha aplazado debido a la dimisión del ministro.

La imposición de la custodia compartida por parte del juez si los padres no la piden es el punto más controvertido de la reforma proyectada por el Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestó su oposición en su informe sobre el anteproyecto, que presentó en septiembre del año pasado, por considerar que podría "agudizar las tensiones y controversias que frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de la convivencia", y recomendó que en todo caso, "si se considerase necesario mantener esta opción, sería preciso revestirla de una nota de excepcionalidad", de manera que solo fuera factible "para proteger adecuadamente el interés del menor". El Gobierno tomó nota e introdujo esa condición de excepcionalidad en el texto, pero ahora el Consejo de Estado pide mejorar aún más la redacción para dejar claro que esta modalidad solo procede cuando sea necesaria para proteger a los hijos.

El Consejo de Estado no se opone a que se considere la custodia compartida como opción ordinaria cuando ambos padres lo soliciten o no haya acuerdo entre ambos, pues recuerda que de hecho ya lo están contemplando así los jueces. Tampoco se opone a que esta modalidad deje de ser excepcional frente a la custodia individual, que es el principal objetivo que persigue el anteproyecto, pero considera ingenuo considerar que este cambio pueda lograrse solo con una reforma legal. "La situación no obedece únicamente a que el sistema legal precedente diera preferencia a la guarda y custodia individual, sino a que el porcentaje de padres que la han solicitado hasta ahora ha sido muy reducido en relación con las madres", subraya el dictamen. Por ello, aunque admite que la nueva norma puede contribuir a ese objetivo, el éxito final dependerá de "una transformación real de la situación sociológica subyacente".

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2013 la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 75,1% de los casos. En el 9,7% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,3% de 2011), en el 14,6% fue compartida y en el 0,6% se otorgó a otras instituciones o familiares. La atribución de los hijos a la madre es también mayoritaria en las comunidades autónomas con derecho propio que ya tienen leyes que promueven esta fórmula. La pionera fue Aragón, que la aprobó en 2010, un año después lo hizo la Comunidad Valenciana y en 2012 entró en vigor la de Cataluña.

NUEVO CASO DE MALTRATO INSTITUCIONAL: Una juez de Sabadell otorga la custodia compartida de un lactante

• Los padres habían llegado a un acuerdo privado que ya habían aplicado antes del convenio

• La custodia de menores de tres años y lactantes es otorgada normalmente a la madre

• La magistrada ha tenido en cuenta "el interés del menor" y la implicación del padre

EUROPA PRESS Barcelona Actualizado:30/08/2014 11:35 horas

 

El Juzgado de Primera Instancia 8 de Sabadell (Barcelona) ha acordado otorgar la custodia compartida de un menor de 15 meses que todavía es lactante a unos padres separados, repartiendo las horas del día entre ambos para garantizar su alimentación.

La abogada del padre, Mireia Ruiz, ha explicado a Europa Press que es una decisión "totalmente inédita" ya que por primera vez se dicta una custodia compartida para un lactante de tan corta edad, cuando normalmente hasta los tres años y con lactancia siempre se le otorga a la madre.

Para ella, demuestra que la Justicia "evoluciona en el reconocimiento del derecho de los padres" cuando su voluntad de participar en la crianza de los hijos está demostrada.

Al menos un año

En el auto, del 21 de julio, recogido por Europa Press, la juez estipula estas medidas provisionales, a la espera que en un año se resuelva la demanda principal, en las que determina que el padre recogerá cada día a las 8.45 horas al bebé y lo retornará a las 15.30.

Los fines de semana, el padre tendrá al menor los sábados y domingos alternos de 9.30 a 19.30 horas, y los festivos se distribuirán con idéntico horario de manera alterna.

Para dictar estas medidas la juez ha tenido en cuenta de forma prioritaria "el interés del menor" y ha hecho prevalecer la responsabilidad compartida de los progenitores respecto al menor pese a que haya separación de la pareja.

Los padres habían llegado antes, "con perfecto conocimiento y asesoramiento", a un acuerdo privado para ejercer la custodia compartida, pero al tener que ratificarlo judicialmente, la madre se echó atrás y reclamó la custodia completa del menor alegando la lactancia.

No obstante, la juez considera que "dicha lactancia ya existía en el momento de la firma del convenio", además de que la madre reconoce la implicación del padre, por lo que hace prevalecer el acuerdo previo y mantener el régimen de alternancia que ya habían aplicado en el que el padre se quedaba con el bebé cuando la madre trabajaba, siempre respetando las horas de alimentación.

 

 

 

Triste testimonio que hemos recibido: "Una madre más"

Gracias, a todos los jueces/ juezas / fiscales y otros.

Soy una madre que a fecha de hoy no entiende como pueden decir que se mira por el interés del menor, pues bueno mi hijo durante el curso 2013-2014 ha estado yendo a dos colegios en localidades diferentes, y veo que este curso 2014-2015 de momento empieza igual, gracias a la custodia compartida.

Mi hijo hará P4 (todavía no tiene 4 años).

Llevo dos años escuchando que lo importante es el interés del menor, y por lo que he visto y leído, no es así lo importe es que el padre que nunca se ha ocupado del niño lo haga con la custodia compartida y no pase pensión .

Me gustaría que los jueces y fiscales leyeran las pruebas, escucharán las declaraciones de psicólogos, verificarán lo que es verdad y es mentira porque lo pueden hacer, pero claro les resulta más cómodo acogerse a una ley de custodia compartida igual para todos, pero gran error todos los casos no son iguales SOLO PIDO QUE LEAN, ESCUCHEN Y DICTEN EN FUNCION DE LA REALIDAD Y NO DAR CUSTODIAS COMPARTIDAS SIN SENTIDO Y PERJUDICANDO GRAVEMENTE A UN MENOR.

Una madre.

Denuncian la aplicación de la alienación parental por jueces de Valencia y Alicante

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/10/23/denuncian-aplicacion-alienacion-parental-jueces-valencia-alicante/644224.html

EFE MADRID El Síndrome de Alienación Parental (SAP), que hoy carece de base científica, está tomando carta de naturaleza en los tribunales españoles, adoptando decisiones como la guarda y custodia de un menor sin contar con "hechos ciertos y contrastados", algo "impensable" en otros ámbitos de aplicación del Derecho
Así lo expuso ayer la magistrada Paloma Marín, jefa de sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien añadió que se trata de una respuesta de "determinados sectores contrarios al avance de los derechos de la mujer".
El Observatorio examinó más de 200 resoluciones judiciales que hacen referencia a este síndrome, todas ellas dictadas por Audiencias Provinciales desde el año 2002. Entre los tribunales examinados se encuentran las Audiencias Provinciales de Valencia y Alicante.
Este análisis se hizo público en el III Congreso de dicho Observatorio, donde Marín explicó que el SAP es común en las alegaciones de las partes, en posicionamientos e informes judiciales y, sobre todo, en separaciones donde hay intereses económicos y menores.
Entre las Audiencias Provinciales que "han caído en brazos del SAP", dijo Marín, figuran las de Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia, Alicante, Zaragoza y Soria.
El psicólogo Juan Ignacio Paz Rodríguez, recalcó que el SAP "no tiene ninguna base científica y sólo responde a un planteamiento ideológico, que fundamentalmente es usado por los padres para pedir un cambio de custodia". 

Una fiscal de violencia de género denuncia la alianza entre redes sociales y maltratadores

Servimedia | 16/06/2013 - 13:30

Flor de Torres Porras, fiscal de Violencia sobre la Mujer en Andalucía denuncia que "Twitter no respeta a las víctimas" de la violencia de género ya que los maltratadores usan las redes sociales para seguir injuriando y vejando a la mujer.

En su opinión, las redes sociales "se están convirtiendo en aliadas de muchos maltratadores. Con órdenes de alejamiento en muchos casos, Twitter, Facebook o Tuenti se transforman, a veces, en instrumenos con los que seguir injuriando y vejando a la mujer. Se roban claves y contraseñas para envíos masivos de correos con fotografías que atentan contra la diginidad de la víctima e, incluso, se producen supuestos ofrecimientos sexuales a través de las redes", denuncia la fiscal en una entrevista en la revista 'Grazia', recogida por Servimedia.
La fiscal señala que en la violencia machista solo hay sufrimiento y debilidad emocional y reta "a quien cuestiona la verosimilitud de la violencia de género, que se venga conmigo a un juzgado y vea la realidad".

Sobre las 'denuncias falsas'

Sostiene que existe intencionalidad con las llamadas 'denuncias falsas' y echa mano de los datos. De las aproximadamente 130.000 denuncias por malos tratos presentadas en 2012, se incoaron 20 por ser presuntamente falsas "y de esas 20, cuatro acabaron en sentencia".
Sobre el régimen de visitas a los padres maltratadores, aunque no le gusta generalizar, concluye, que si se parte del planteamiento de que un menor que ha estado expuesto a la violencia del padre necesariamente es una persona victimizada, las visitas de este progenitor "deberían ser mucho más restrictivas".

Por último, defiende la Ley Integral contra la Violencia de Género porque "es el único camino" y aboga por la igualdad porque es "el antídoto" contra el maltrato.

La ley de violencia de género falla en la protección de los hijos

* Los jueces solo suspenden las visitas a los niños en el 3% de los casos de maltrato

Los mellizos de Antonia G. tienen pánico a su padre. Desde que nacieron, en 1999, aprendieron de su madre a no llevarle la contraria para que no se enfadara. "Y en cuanto le oían abrir la puerta por las noches, muchas veces bebido, corrían a su cama para fingir que dormían", recuerda. Pese a estas precauciones, a menudo se ponía violento, insultaba y amenazaba con matar a toda la familia. Un día estuvo a punto de hacerlo: los encerró a los tres en el coche, fue a buscar al trastero dos bombonas de gas y, justo cuando volvía, apareció un vecino que evitó la tragedia.

En 2010, Antonia decidió pedir ayuda a los servicios sociales y vivió durante 10 meses en una casa de acogida de Madrid. El juez le concedió una orden de alejamiento por maltrato, pero obligó a los niños a visitar a su padre todos los sábados durante dos horas. “Tenía que forzarles, no querían verle porque les daba terror. Se quedaban callados y volvían a casa amargados”, recuerda. Durante varias semanas incluso se le permitió estar con los niños a solas, pese a que años atrás había raptado en Perú a su hijo mayor, fruto de una relación anterior, para llevárselo primero a Brasil y luego a España. Antonia recurrió y logró que las visitas fueran supervisadas. Eso alivió su temor al secuestro, pero no la angustia por la tortura que sufrían sus mellizos cada sábado.

La semana pasada, la ONU condenó a España a indemnizar a Ángela González, cuyo maltratador asesinó a su hija en 2003 durante una visita sin supervisión, por no proteger a la niña pese a las reiteradas denuncias de la madre. El Gobierno admitió aquel error, aunque recordó que ahora sería muy difícil que ocurriera un caso como aquel gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Pero ejemplos como el de Antonia demuestran que en la práctica siguen produciéndose situaciones de riesgo. Y las cifras lo confirman: según el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los jueces solo suspenden el régimen de visitas de los hijos a los padres maltratadores en el 3% de los casos y establecen medidas de protección para los niños en el 2,2%.

A Antonia le costó tres años conseguir que sus hijos no estuvieran obligados a ver a su padre. En 2013, el juez que tramitó su divorcio suspendió las visitas y estableció que no se reanudarían hasta que el maltratador se sometiera a un tratamiento psiquiátrico. Para lograr esa sentencia la madre tuvo que relatar decenas de veces su historia de malos tratos: la brutal paliza que le destrozó la cara poco después de casarse, el día que su marido estrelló un plato junto a las cunas donde dormían los mellizos, los tres intentos de suicidio del hombre… Y un episodio que no dejaba lugar a dudas: la noche que echó de casa a su hijo mayor después de que este, a los 16 años, le hiciera frente con un cuchillo. El maltratador nunca fue al psiquiatra y regresó a Perú, su país natal. Los mellizos ahora duermen tranquilos, pero les quedan secuelas. “Muchas veces la niña se pone a llorar de repente, sin motivo. Y el niño está agresivo, se está volviendo violento”, explica la madre.

El dictamen de la ONU reconoce el avance que supuso en España la Ley de Violencia de Género, pero señala también que persisten estereotipos de género en los juzgados que propician situaciones como la que condujo al asesinato de la hija de Ángela. El más extendido de esos estereotipos, según reconoce la magistrada Inmaculada Montalbán, que fue presidenta del Observatorio desde 2008 hasta marzo de 2014, “es la idea de que se puede ser un buen padre siendo maltratador, cuando los hijos son de hecho también víctimas por ser testigos de esa violencia. La prueba está en que incluso cuando el hombre ha asesinado a su mujer, muy pocas veces se le retira la custodia”. “No solo persiste este estereotipo entre los jueces, sino en la sociedad. Eso solo se puede combatir con formación y educación”, añade.

La juez Ángeles Carmona, actual presidenta del Observatorio del CGPJ, admite también que se siguen produciendo situaciones de desprotección. “Precisamente trabajamos para corregir este problema. Está ya en marcha la modificación de la Ley de Violencia de Género para incluir a los menores como víctimas directas, tal como recoge el anteproyecto de ley de protección a la infancia. Eso obligará a los jueces a estudiar medidas de protección para los hijos por defecto, aunque el fiscal o la madre no lo soliciten, algo que ocurre a menudo porque las maltratadas a veces no son conscientes del peligro y creen también que los padres deben ver a sus hijos”, asegura.

No hay denuncias falsas

Antonia G. tuvo la suerte de contar con la ayuda de los psicólogos y abogados especializados en violencia de género de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Gracias a ellos consiguió que sus hijos no tuvieran que volver a ver a la persona que les aterrorizaba, su propio padre. Su presidenta, Ana María Pérez del Campo, cree que la sentencia de la ONU sobre el caso de Ángela González va a ayudar a que los jueces dicten medidas cautelares con más frecuencia. “Podremos presentar ese dictamen cuando encontremos resistencias en los juzgados. Y también servirá para recordar que si los niños no quieren ver a sus padres maltratadores es porque les tienen miedo, no porque su madre les haya manipulado. Esa es otra idea falsa contra la que hay que luchar siempre”, dice Pérez del Campo.
Antonia, de hecho, tuvo que luchar contra ese estereotipo en el propio punto de encuentro al que llevaba a sus mellizos para que visitaran su padre. “A veces me regañaban porque los niños no querían quedarse, como si yo tuviese la culpa. Y me recordaban que estaba obligada a llevarles, mientras que a él nadie le recordaba que tenía que pagar la pensión de sus hijos, cosa que no hacía casi nunca”, asegura.
La juez Inmaculada Montalbán insiste en que la idea de que las mujeres manipulan a sus hijos contra los padres es completamente falsa. “Es triste que después de 10 años desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género no hayamos podido acabar con este mito. Y es uno de los más dañinos porque ataca a la credibilidad de las mujeres cuando ponen una denuncia de maltrato”, lamenta. Según el último estudio del Observatorio sobre este asunto el número de denuncias falsas fue solo el 0,01% del total

ESTEREOTIPOS

El País 6 AGO 2014 - 00:00 CEST

La ONU ha condenado a España por negligencia en el caso de la muerte de Andrea, la hija de Ángela González, que fue asesinada por su padre durante uno de los permisos establecidos por el juez tras la separación de la pareja. Esto muestra que en la lucha contra la violencia de género todavía hay muchos prejuicios que remover. El dictamen del organismo es un varapalo para un país que, desde la ley contra la violencia machista de 2004, ha puesto en el punto de mira la lacra de los malos tratos que los hombres ejercen sobre sus parejas o exparejas. Aunque el caso, como señaló la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, es anterior a la ley, las cifras recientes (cuatro muertas en los últimos cinco días) indican que aún queda mucho por hacer.

Ángela González y los servicios sociales habían desaconsejado que el padre se viera a solas con su hija. Pero el juez desoyó esas apreciaciones. En su decisión de concederle un régimen más amplio de visitas a un hombre que había sido denunciado más de 50 veces por maltratar y amenazar a su pareja primaron estereotipos —como dice el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente— que hay que erradicar. El primero es que un maltratador puede ser un buen padre, y que para un niño es mejor mantener el contacto con un progenitor violento que estar apartado de él. Todavía no ha calado en la sociedad en general, y en la judicatura en particular, que un hombre que agrede a la madre de su hijo tiene un problema consigo mismo por resolver. Y que hay que tutelar su relación con alguien tan vulnerable como un niño mientras no consiga solucionarlo. La creciente preocupación por que los niños pudieran convertirse también en víctimas en los casos de violencia de género debería traducirse en medidas concretas de protección. Esto va en contra de lo que sucede actualmente, cuando solo el 3% de las sentencias por malos tratos incluyen la suspensión del régimen de visitas.

El segundo estereotipo es recurrente desde que se aprobó la ley contra la violencia machista: que las mujeres abusan de su condición de víctimas para obtener beneficios en los procesos de divorcio. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado cifra en menos del 0,01% las denuncias falsas por malos tratos.

Erradicar esos dos estereotipos sería un primer paso importante para proteger a los niños involucrados en situaciones tan dramáticas como que un padre pegue —o mate— a una madre.

A la Presidenta de Violencia de Género del CGPJ

 Esta mañana (4/8/2014) he escuchado en la Ser a la Sra Carmona a propósito de la decisión de la ONU en la que condena al estado español por permanente negligencia judicial y policial producida en el asesinato de una niña de 7 años a manos del padre durante el régimen de visitas sin vigilancia, tras una lucha permanente de la madre (30 denuncias) para que el juez anulara dicho régimen. Y el CDAW además de fijar una indemnización para la madre, exige una revisión del caso y exhorta al estado español para que responda sobre las medidas que adopte teniendo en cuenta los antecedentes de malos tratos en la concesión de custodia en un plazo de seis meses.

 La respuesta de la Sra Carmona ha sido, con ánimo de ser generosa, al menos insuficiente. Es realmente descorazonador escuchar a tan alta magistratura decir que tenemos normas suficientes que se deben aplicar, que es importante coordinarse ¿? que jueces, fiscales y el personal encargado de estas cuestiones están especializados en violencia de género, que las/os menores son víctimas directas de esa violencia y finalmente que vamos avanzando. En fin, un pequeño compendio de lugares comunes. Y eso lo dice en una semana donde han asesinado a 4 mujeres por violencia de género, que han muerto ya 41 y varios menores.

 Sra Carmona, tuvimos normas y herramientas suficientes desde que el inolvidable ministro de Justicia en aquellos años, Francisco Fernandez Ordoñez, sacara adelante la ley de divorcio de 1982. Entonces era habitual que se contemplara el “interés superior del menor” y los juzgados lo aplicaban, si bien restringidamente, para suspender regímenes de visitas no sólo por maltrato sino incluso por impago de pensiones y hasta suspensiones de la patria potestad si el peligro era previsible, porque todo ello estaba bien regulado en el código civil. Esa ley de divorcio que los padres separados quemaban públicamente y en la que cada modificación ha ido en detrimento de la seguridad tanto económica como emocional de las/os menores sin que el derecho de familia haya sido alterado en lo sustancial, pero dando armas para interpretarlo sesgadamente.

 Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? pues sencillamente que el patriarcado ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que el maltrecho mito del “pater familia” se imponga de nuevo. Las mujeres y las/os menores deben ocupar el lugar que tenían asignado antes de la ley de divorcio. Para ello se emplean a fondo, se adopta por juzgados, forenses y otros organismos el SAP, esa especie de falso síndrome de alienación parental inventado por un suicida que propugnaba las relaciones sexuales de adultos familiares con menores, síndrome que ha sido reiteradamente desechado por la OMS por no ser científico, a la vez que no se reconoce el síndrome de indefensión aprendida que padecen las víctimas. Y con esta infame “filosofía” se crean los puntos de encuentro sin regulación ninguna, pero cuyos informes son prueba irrefutable para el juez, los equipos psicotécnicos en los juzgados de familia que sin investigación de campo, con una entrevista de 15 minutos en la que no ven a las/os menores, hacen sus dictámenes. Y la guinda ha sido la custodia compartida impuesta que, inconstitucionalmente por modificar una norma del código civil para lo que no tienen facultades, se ha venido legislando en más de una comunidad autónoma como es Aragón y C. Valenciana. Y ¡eso sí! el delito de impago de pensiones que nunca llega a estimarse.

 No Sra Carmona, quienes en el ejercicio de la abogacía hemos estado más de 30 años defendiendo mujeres sabemos bien que el retroceso es imparable. En los últimos 15 años he tenido ocasión de investigar precisamente la labor de los puntos de encuentro y equipos psicotécnicos y estoy en condiciones de afirmar que, ni tienen especialidad alguna en violencia de género, ni es requisito exigible para ejerces sus funciones.

 Desconozco de què coordinación habla vd porque nunca he podido comprobar que exista. Los hechos sin embargo son tozudos y se empeñan en demostrar que el avance es totalmente incierto. La realidad nos dice cada día que las víctimas de violencia de género son mujeres y menores, que se vulneran todos sus derechos fundamentales incluida la vida, que la valoración del riesgo que corren las víctimas es muy deficiente por falta de especialidad de quienes tienen esa tarea y que el hecho de la denuncia es inocuo en el mejor de los casos. Las casas de acogida, aquellas que no han cerrado con ocasión de la crisis, son inadecuadas (sólo funcionan las que ofrecen las asociaciones) que no tienen estadísticas del tiempo que soportan las mujeres en esos centros y cual es la causa, que sólo existe un centro de recuperación de víctimas de maltrato en este país, creado hace más de 25 años por Ana María Perez del Campo, del que se puede dar fe que lleva a cabo esa recuperación, en el que se aplica un serio método con profesionales excelentes, donde mujeres y menores siguen una terapia poderosa y donde no se producen deserciones ni muertes.

 Y todo esto es sólo un somero resumen de lo que sucede en nuestro país. El rapapolvo de la ONU debería ser un verdadero toque de atención a cuanto sucede, porque se trata de la vida de inocentes víctimas y su discurso Sria en ningún momento ha reflejado la alarma o al menos la preocupación y las medidas que es indispensable acometer si no queremos ser cómplices de esta barbarie.

Fdo. Emilia Caballero Álvarez

La ONU condena a España por no proteger a una niña asesinada por su padre

"Este organismo de la ONU exige que se tomen medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuanto al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos"

"Se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio..."

¿POR QUÉ SERÁ QUE EN ESPAÑA LA VIOLENCIA MACHISTA VA GANANDO TERRENO? ¿POR QUÉ SERÁ QUE ESTAMOS YENDO JUSTO EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA A LO QUE RECOMIENDA LA ONU? ¿POR QUÉ EN ESPAÑA MADRES Y MENORES ESTÁN CADA VEZ MÁS DESPROTEGIDOS? ¿CÓMO PUEDE HABER EN LOS JUZGADOS ESPAÑOLES UNA CARENCIA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA TAN BRUTAL?
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• El Estado debe indemnizar a una madre que denunció 30 veces a su maltratador hace 11 años

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha condenado a España por no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija, de siete años, a la que el maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. La mujer, Ángela González, había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones por amenazas y agresiones y se había opuesto a que viera sin supervisión a la niña. Pese a ello, el hombre mató a la pequeña Andrea y después se suicidó.

El CEDAW, que se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer —que España ha firmado y ratificado—, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que la Administración española debe indemnizar “de manera proporcional” a Ángela y expone que el Estado español actuó de manera negligente: no las protegió ni a ella ni a su hija; tampoco la indemnizaron por el daño irreparable sufrido. Es la primera vez que un organismo internacional falla contra España por un caso de violencia de género. Y el dictamen ha sido unánime: los 36 miembros del comité han estado de acuerdo. “La condena es contundente. El CEDAW dice claramente que las negligencias de la Administración de Justicia llevaron a la muerte de Andrea; también que la Administración maltrató a Ángela al no reconocer la negligencia cometida”, apunta Viviana Waisman, directora de Women’s Link Worldwide, la organización que ha llevado el caso hasta la ONU.

Ángela González había huido de su casa en 1999 con su hija de tres años. Llevaba sufriendo malos tratos desde que se quedó embarazada, cuando denunció por primera vez a su marido. Pese a irse, las agresiones siguieron. En el proceso de divorcio, el juez concedió al padre un régimen de visitas tutelado. Pero dos años después, sin atender la recomendación del equipo de servicios sociales que supervisaba esos encuentros, el juez aceptó un recurso del hombre y permitió que viera a la niña a solas. Una docena de vistas más tarde, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid).

Tras lo ocurrido, Ángela denunció que la Administración, a la que había alertado, no había protegido a su hija. Perdió en todas las instancias. Entonces, ella y sus abogadas decidieron acudir al CEDAW. Su objetivo, explica la abogada Paloma Soria, de Women's Link, es que el dictamen vinculante sirva también de pauta para que otros países implementen su legislación en materia de violencia de género. "Servirá de guía para dotar de mayor protección a los menores, para que su derecho prevalezca frente a todo, porque la falta de protección a los menores es algo común en todo el mundo", dice Soria.

La directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, ha admitido este lunes que “no se dio la protección que hubiese podido prevenir esta muerte”, aunque recordó que desde entonces España “ha evolucionado mucho”, sobre todo gracias a la Ley contra la Violencia de Género de 2004.
La Administración tiene ahora seis meses para abrir un procedimiento sobre el caso, determinar la indemnización y también para difundir el dictamen “a todos los públicos relevantes”, indica la CEDAW. La resolución, además, recomienda a España que todos los jueces y personal judicial sigan cursos para evitar los estereotipos de género. Estos, indica Waisman, más la idea de que para los niños siempre es mejor conservar la relación con el padre, aunque sea un maltratador, provocan situaciones como la de Ángela. Esa indicación, en la que se le dice a España que debe proporcionar formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...), es uno de los puntos fundamentales del dictamen del CEDAW.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los jueces solo dictaminan la suspensión del régimen de visitas en el 3% de los casos de violencia de género. “Esto demuestra que en la práctica persisten los estereotipos y la misma falta de credibilidad en la madre que propiciaron aquel crimen. Hay que derribar la idea de que un maltratador no es obligatoriamente un mal padre: lo es desde el momento que hace daño a la madre. Y acabar también con la idea de que las madres utilizan las denuncias por violencia para sacar beneficios en los divorcios o quitar la custodia a los padres”, subraya Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Varios colectivos, como la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Federación de Mujeres Progresistas, insistieron ayer en esto, y pidieron al Gobierno medidas para que los jueces restrinjan o prohíban, de manera obligatoria y no potestativa, los regímenes de visita de los acusados y condenados por violencia de género.
Como respuesta, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordó que está impulsando nuevos mecanismos para proteger a los menores en estos casos, como la norma que obligará a los jueces a establecer medidas cautelares de oficio. No obstante, explica un portavoz, “los jueces son los que tienen la última palabra; la ley solo puede marcar un camino que ayude a llegar a la sentencia más adecuada”.