El País 6 AGO 2014 - 00:00 CEST
La ONU ha condenado a España por negligencia en el caso de la muerte de Andrea, la hija de Ángela González, que fue asesinada por su padre durante uno de los permisos establecidos por el juez tras la separación de la pareja. Esto muestra que en la lucha contra la violencia de género todavía hay muchos prejuicios que remover. El dictamen del organismo es un varapalo para un país que, desde la ley contra la violencia machista de 2004, ha puesto en el punto de mira la lacra de los malos tratos que los hombres ejercen sobre sus parejas o exparejas. Aunque el caso, como señaló la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, es anterior a la ley, las cifras recientes (cuatro muertas en los últimos cinco días) indican que aún queda mucho por hacer.
Ángela González y los servicios sociales habían desaconsejado que el padre se viera a solas con su hija. Pero el juez desoyó esas apreciaciones. En su decisión de concederle un régimen más amplio de visitas a un hombre que había sido denunciado más de 50 veces por maltratar y amenazar a su pareja primaron estereotipos —como dice el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente— que hay que erradicar. El primero es que un maltratador puede ser un buen padre, y que para un niño es mejor mantener el contacto con un progenitor violento que estar apartado de él. Todavía no ha calado en la sociedad en general, y en la judicatura en particular, que un hombre que agrede a la madre de su hijo tiene un problema consigo mismo por resolver. Y que hay que tutelar su relación con alguien tan vulnerable como un niño mientras no consiga solucionarlo. La creciente preocupación por que los niños pudieran convertirse también en víctimas en los casos de violencia de género debería traducirse en medidas concretas de protección. Esto va en contra de lo que sucede actualmente, cuando solo el 3% de las sentencias por malos tratos incluyen la suspensión del régimen de visitas.
El segundo estereotipo es recurrente desde que se aprobó la ley contra la violencia machista: que las mujeres abusan de su condición de víctimas para obtener beneficios en los procesos de divorcio. Para desmentirlo, la Fiscalía General del Estado cifra en menos del 0,01% las denuncias falsas por malos tratos.
Erradicar esos dos estereotipos sería un primer paso importante para proteger a los niños involucrados en situaciones tan dramáticas como que un padre pegue —o mate— a una madre.
