Esta mañana (4/8/2014) he escuchado en la Ser a la Sra Carmona a propósito de la decisión de la ONU en la que condena al estado español por permanente negligencia judicial y policial producida en el asesinato de una niña de 7 años a manos del padre durante el régimen de visitas sin vigilancia, tras una lucha permanente de la madre (30 denuncias) para que el juez anulara dicho régimen. Y el CDAW además de fijar una indemnización para la madre, exige una revisión del caso y exhorta al estado español para que responda sobre las medidas que adopte teniendo en cuenta los antecedentes de malos tratos en la concesión de custodia en un plazo de seis meses.
La respuesta de la Sra Carmona ha sido, con ánimo de ser generosa, al menos insuficiente. Es realmente descorazonador escuchar a tan alta magistratura decir que tenemos normas suficientes que se deben aplicar, que es importante coordinarse ¿? que jueces, fiscales y el personal encargado de estas cuestiones están especializados en violencia de género, que las/os menores son víctimas directas de esa violencia y finalmente que vamos avanzando. En fin, un pequeño compendio de lugares comunes. Y eso lo dice en una semana donde han asesinado a 4 mujeres por violencia de género, que han muerto ya 41 y varios menores.
Sra Carmona, tuvimos normas y herramientas suficientes desde que el inolvidable ministro de Justicia en aquellos años, Francisco Fernandez Ordoñez, sacara adelante la ley de divorcio de 1982. Entonces era habitual que se contemplara el “interés superior del menor” y los juzgados lo aplicaban, si bien restringidamente, para suspender regímenes de visitas no sólo por maltrato sino incluso por impago de pensiones y hasta suspensiones de la patria potestad si el peligro era previsible, porque todo ello estaba bien regulado en el código civil. Esa ley de divorcio que los padres separados quemaban públicamente y en la que cada modificación ha ido en detrimento de la seguridad tanto económica como emocional de las/os menores sin que el derecho de familia haya sido alterado en lo sustancial, pero dando armas para interpretarlo sesgadamente.
Y qué es lo que ha sucedido desde entonces? pues sencillamente que el patriarcado ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que el maltrecho mito del “pater familia” se imponga de nuevo. Las mujeres y las/os menores deben ocupar el lugar que tenían asignado antes de la ley de divorcio. Para ello se emplean a fondo, se adopta por juzgados, forenses y otros organismos el SAP, esa especie de falso síndrome de alienación parental inventado por un suicida que propugnaba las relaciones sexuales de adultos familiares con menores, síndrome que ha sido reiteradamente desechado por la OMS por no ser científico, a la vez que no se reconoce el síndrome de indefensión aprendida que padecen las víctimas. Y con esta infame “filosofía” se crean los puntos de encuentro sin regulación ninguna, pero cuyos informes son prueba irrefutable para el juez, los equipos psicotécnicos en los juzgados de familia que sin investigación de campo, con una entrevista de 15 minutos en la que no ven a las/os menores, hacen sus dictámenes. Y la guinda ha sido la custodia compartida impuesta que, inconstitucionalmente por modificar una norma del código civil para lo que no tienen facultades, se ha venido legislando en más de una comunidad autónoma como es Aragón y C. Valenciana. Y ¡eso sí! el delito de impago de pensiones que nunca llega a estimarse.
No Sra Carmona, quienes en el ejercicio de la abogacía hemos estado más de 30 años defendiendo mujeres sabemos bien que el retroceso es imparable. En los últimos 15 años he tenido ocasión de investigar precisamente la labor de los puntos de encuentro y equipos psicotécnicos y estoy en condiciones de afirmar que, ni tienen especialidad alguna en violencia de género, ni es requisito exigible para ejerces sus funciones.
Desconozco de què coordinación habla vd porque nunca he podido comprobar que exista. Los hechos sin embargo son tozudos y se empeñan en demostrar que el avance es totalmente incierto. La realidad nos dice cada día que las víctimas de violencia de género son mujeres y menores, que se vulneran todos sus derechos fundamentales incluida la vida, que la valoración del riesgo que corren las víctimas es muy deficiente por falta de especialidad de quienes tienen esa tarea y que el hecho de la denuncia es inocuo en el mejor de los casos. Las casas de acogida, aquellas que no han cerrado con ocasión de la crisis, son inadecuadas (sólo funcionan las que ofrecen las asociaciones) que no tienen estadísticas del tiempo que soportan las mujeres en esos centros y cual es la causa, que sólo existe un centro de recuperación de víctimas de maltrato en este país, creado hace más de 25 años por Ana María Perez del Campo, del que se puede dar fe que lleva a cabo esa recuperación, en el que se aplica un serio método con profesionales excelentes, donde mujeres y menores siguen una terapia poderosa y donde no se producen deserciones ni muertes.
Y todo esto es sólo un somero resumen de lo que sucede en nuestro país. El rapapolvo de la ONU debería ser un verdadero toque de atención a cuanto sucede, porque se trata de la vida de inocentes víctimas y su discurso Sria en ningún momento ha reflejado la alarma o al menos la preocupación y las medidas que es indispensable acometer si no queremos ser cómplices de esta barbarie.
Fdo. Emilia Caballero Álvarez
