Es triste ver cómo se
ha montado un circo mediático con un tema tan delicado como la custodia de
menores.
En el caso de Kiko
Rivera y Jessica Bueno no hay más que una víctima, su hijo, que con apenas un
añito va a tener que vivir una vida itinerante.
La madre no ha hecho
las cosas bien: rompió el compromiso adquirido con el padre para mudarse de un
día para otro a la otra punta de España, impidiendo el contacto de padre e
hijo. Y ahora el niño va a pagar las consecuencias. El daño en su correcto desarrollo
psicosocial, provocado por los cambios constantes impuestos por la reciente
decisión judicial, va a ser irreparable. Por no hablar del terrible daño que le
va a causar el conflicto constante entre sus padres, que difícilmente van a
poder entenderse en todas las cuestiones relativas a su educación y cuidados.
Dicho esto: ¿la
resolución judicial de la jueza para este caso vela por el interés del menor?
Claramente no.
Cualquier psicólogo
infantil sabe que durante los primeros años de vida, la estabilidad tanto en el
entorno como en las figuras de apego es clave para un correcto desarrollo
emocional. Especialmente durante los primeros 2 años.
Una decisión judicial
sabia y pensando por encima de todo en el interés de un niño de tan corta edad,
habría favorecido y garantizado el contacto del menor con ambos progenitores
pero proporcionándole al mismo tiempo esa estabilidad que tanto necesita para
evitar futuros problemas psicológicos.
De nuevo una decisión
encaminada a proteger intereses adultos, añadiendo en este caso como factor
decisivo el “castigo” a la madre por haber tomado una decisión desacertada.
Lo sentimos
enormemente por ese niño, cuyo bienestar y cuyas necesidades han pasado a un
segundo plano.
