Seis de cada diez casos sobreseídos de niños presuntamente violados por sus padres se archivan para siempre. No hay pruebas suficientes y el juez no les cree. Cuatro madres nos cuentan su pesadilla para protegerlos
A veces, necesitamos enfrentar un rostro cándido como el de la actriz Pola Kinski al del mismísimo diablo, interpretado tantas veces por su padre, para imaginar monstruos capaces de violar a sus hijos; precisamos leer en una prestigiosa editorial una historia repugnante de abusos continuados durante 14 años para poder creerla. El abrazo implacable, la mano pequeña forzada sobre el cuerpo adulto, el gran Klaus Kinski, símbolo del cine alemán, reducido a un sapo que tortura con su lengua y maltrata a su «muñequita», su «ángel»... La autobiografía "Kindermund" (Boca infantil) ha sido uno de los libros más leídos y comentados este mes en Europa. El título podría haber sido más agresivo, pero Pola ha querido hacer un guiño al refrán alemán "de la boca de un niño sale la verdad" «porque a muchos no les creen». Jesús es uno de tantos. Ha contado varias veces en los juzgados españoles lo que su papá le hacía. La primera, con 3 años. Un forense sin especialización en psicología infantil concluyó, tras una sola sesión, que era imposible valorar la credibilidad de su relato.
Su madre, divorciada, siguió denunciándolo sin éxito. En estas, su ex solicitó la custodia de Jesús y su hermanito. No se la dieron, pero desde diciembre de 2010 a septiembre de 2011 los encuentros dejaron de estar vigilados. El crío contó en un hospital público que su padre ahora también abusaba de Pablo, el pequeño. Marta interpuso en ese periodo cuatro denuncias donde Jesús describe el horror sin la poesía de Pola Kinski: «Estábamos los tres desnudos, a mí también me había puesto crema y luego me introdujo el mismo palo. Mi padre me chupa por todo el cuerpo y luego me obliga a chuparle a él... me mandaba que le tocara...».
El juez solicitó un nuevo informe al psicólogo de Jesús, que confirmó síntomas de abuso sexual. El niño, ya con 6 años, volvió a contárselo todo al magistrado, a la fiscal y a la psicóloga del juzgado. Y les pidió que le creyesen. Pero no lo hicieron. En un nuevo "examen de credibilidad", otra profesional sin especialización puso en duda sus palabras. El caso se sobreseyó y el padre volvió a pedir la custodia. Se la han denegado. La buena llegaba por carta hace diez días: «Las visitas se vuelven a hacer en un punto de encuentro. Dentro de tanta injusticia, es un alivio», respira Marta.
Pero a Jesús, que ha cumplido ya 8 años, no le vale. «¿Por qué no le castigan? Me hace mucho daño. ¿No vale mi palabra para nada?», le asalta a su madre. Marta, 33 años consumidos en la impotencia, ha recurrido al Defensor del Pueblo y a varias asociaciones. A Save The Children no le sonaron nuevas las palabras de esta profesora de música y se puso manos a la obra. Con el respaldo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha investigado con profusión el caso y otros tres similares, además de analizar 65 autos de diferentes audiencias provinciales dictados durante el último año y medio. Las conclusiones del informe no pueden ser más preocupantes. «La Justicia española tiene graves deficiencias en casos de abuso sexual infantil en el ámbito familiar. Ante la dificultad de acreditar los hechos, tiende a archivar las causas sin investigar, dejando a los niños en graves situaciones de desprotección. Los niños no tienen credibilidad. Tampoco hay especialistas y hay que exigirlo. Te encuentras con informes que son corta y pega. No se aplican los estándares internacionales», denuncia la abogada Yolanda Román, directora del estudio.
En España se abrieron 144 causas por abusos sexuales a menores en 2011, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado. No existen cifras actualizadas de sentencias, lo que impide evaluar el efecto del incremento de penas, la única medida impulsada ante la creciente alarma social. Amnistía Internacional lo denunció hace tres años, pero la situación ha empeorado porque los informes del Observatorio de la Infancia del Gobierno llegan solo hasta 2009. Hablan de 3.549 denuncias por presuntos abusos sexuales contra menores, el triple que hace una década. La sequía estadística es total.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa, tampoco maneja porcentajes, pero sabe que es «muy difícil conseguir condenas porque las pruebas, por lo general, son muy endebles. En caso de duda puede la presunción de inocencia. Sí, es sangrante, pero la verdadera prueba es la del juicio, y en esos delitos en la intimidad solo hay dos versiones. ¿Dónde está la verdad? Nos solemos quedar sin prueba de cargo y el fiscal no sigue».
«Ojalá no hubiera nacido»
Algo parecido les ha pasado a los hijos de las mujeres desesperadas -éstas sí que lo están- que han accedido a colaborar en este reportaje. Miden cada palabra y sujetan el terror sin aspavientos. Sus casos están sobreseídos y recurridos. En todos existen informes médicos con indicadores de abuso sexual y en tres de ellos la denuncia ha partido de un centro sanitario. Sin embargo, las cuatro se han tenido que personar como acusación particular para mantener vivas las causas. Ana se ha dejado por el camino 90.000 euros. Pero mucho peor es escuchar a la pequeña Raquel decir «mamá, ojalá no hubiera nacido». Administrativa, 38 años, decidió separarse de su verdugo cuando le apretó el cuello. Era mayo de 2006, y Ana se refugió en casa de sus padres con la cría, de 3. Le denunció por maltrato, pero el juzgado lo calificó de «peleas mutuas». Hoy, sigue recibiendo tratamiento en un centro público de Madrid.
El progenitor y la niña se vieron con normalidad hasta que en marzo de 2007 la pequeña regresó a casa con las braguitas manchadas de algo que podría ser sangre. No había cumplido los 4. Se quejaba de dolor en la vagina y la madre salió corriendo al hospital. «Mi padre me ha metido algo como un cuchillo», lloró en urgencias. Se le diagnosticó vulvovaginitis, pero los facultativos no fueron capaces de analizar el líquido por un error en la toma de la muestra. El centro sanitario denunció el caso a un juzgado de instrucción, que tardó seis meses en iniciar la investigación sin dictar ninguna medida de protección. Ana le hizo caso a su abogado y permitió que su pequeña siguiera viéndole en fines de semana alternos. «De lo contrario, se podría interpretar que yo me lo inventaba. El vacío que sientes es terrible».
El examen pericial reveló que si bien el relato de Raquel «no parecía del todo probable, el padre presentaba conductas de riesgo para la niña». Había reconocido a los peritos que en alguna ocasión le había tocado el pene. El informe confirmó el maltrato hacia la niña, pero no el contenido sexual del mismo. El juez traspasó el caso a otro tribunal, donde el padre recurrió la anulación de las visitas y consiguió ver a la pequeña todos los sábados por la tarde en un punto de encuentro.
La pesadilla acababa de empezar. El caso se archivó, pero Ana lo recurrió aportando un nuevo informe de un perito que advierte que «el padre ha realizado manipulaciones en la vagina de la niña, introduciendo objetos en la misma». Ya en 2010, la Audiencia Provincial confirmó el sobreseimiento y les envío a un servicio de mediación. La fiscal se opuso a que Raquel volviera a dormir con su padre, pero el juzgado de familia le concedió cuatro días con sus cuatro noches cada dos semanas. Nada más estrenar este nuevo régimen, la pequeña de 7 años relató en el hospital: «Papá me ha tocado el "pepe"». Nuevo parte médico por «sospecha de abuso sexual». Nueva denuncia de la madre, que se archiva 16 meses después con una sola prueba practicada por una psicóloga sin colegiar. De postre, el juez ordenó la apertura de diligencias penales contra Ana por «denuncia falsa».
En la actualidad, el padre sigue viendo a la pequeña como cualquier otro divorciado. «No hay nada que justifique tanto dolor. Nadie va por gusto a un hospital con una cría. Raquel se sigue despertando por las noche, grita, llora, le aterra verle. No hay palabras para definirlo. ¿Cómo es posible que en nuestro país pasen cosas así?», clama Ana.
Ojalá fuera un caso único. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para averiguar quiénes son los profesionales adscritos a los equipos psico-sociales, que son los encargados de emitir informes en cuestiones tan sensibles como el régimen de visitas. Y se ha quedado estupefacto: comprobó que en la mayoría de las comunidades autónomas solo se les exige la licenciatura en psicología o en trabajo social. No existen protocolos uniformes, ni la obligación de estar colegiados, lo que dificulta su rendición de cuentas por errores deontológicos. Que se lo cuenten a Ana. Su demanda contra la psicóloga ha ido a la papelera.
Javier Hernández, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, muy sensible con estos asuntos, recuerda que en la legislación española «nada se establece sobre la intervención de expertos en el acceso a la información, ni sobre la necesidad de regular un verdadero estatuto del menor en el proceso penal». Esta situación cambiará por las directivas europeas que desde este mismo año obligan a la Justicia española a proteger mucho más a las presuntas víctimas. También a que los expertos judiciales estén especializados. Supondrán «cambios radicales. Hay una inercia de tratar a estas víctimas como al resto, cuando son especiales», recalca Gema García, fiscal de menores de Valencia. «Es verdad que no hay todos los medios, pero con los que hay se puede proteger mejor al niño. A veces es cuestión de sensibilidad y empatía». Es una de las acusadoras públicas que más claro habla, convencida de que es importante «poner de manifiesto los errores para corregirlos». Aunque sean «una minoría. Afortunadamente en nuestro país, el culpable acaba con sentencia condenatoria».
A María O. -andaluza, 39 años- no le vale el consuelo de la fiscal. «Mi ex me ha hecho jaque mate. Me ha matado. Tú sufres un dolor insoportable mientras el sistema te acorrala para que cedas. Pienso que voy a reventar porque al principio no la protegí y ahora todo está en mi contra. Lucho y me acusan de manipulación. Pero la verdad tiene que salir». De nuevo, un divorcio con maltrato de por medio, cuando la cría tenía año y medio. Ella, con doctorado universitario. Él, militar. Estrella aprendió a hablar y empezó a decir que no quería ir con su padre «porque es malo y me hace daño, me duele mucho». La niña ha tenido que relatar en el juzgado qué y cómo se lo hacía su padre. Pero terminó escondiéndose en el abrigo. No la han creído. Y menos a su madre, que le han dicho que deje de presionarla. Estrella cumplirá 7 años en febrero y «piensa que tiene la culpa de todo».
De esos 65 autos dictados por las audiencias provinciales -respuesta a las apelaciones contra los archivos de causas penales por abuso sexual infantil-, el 61,5% confirma el sobreseimiento y el 38,5% ordena reanudar la investigación. Los principales argumentos para guardarlos en el cajón son «la influencia materna, la falta de credibilidad, la edad y la existencia de informes psicológicos que descartan el abuso sexual», indica el informe de Save The Children.
Pruebas a las madres
La psiquiatra Irene Intebi, presidenta de varios comités internacionales de protección de la infancia y asesora de instituciones cántabras y vascas, se indigna con la "papeleta" de las madres denunciantes: «A la hora de investigar y validar las sospechas de abuso sexual se les suele someter a ellas a estudios y pruebas para garantizar su cordura y la justificación de las sospechas, mientras que nadie pone en duda la sinceridad de los supuestos agresores que niegan haber hecho algo».
Sonia, catalana y quiromasajista, ha tenido que justificarse tantas veces en los juzgados para proteger a Alicia «que he seguido su juego y he terminado cediendo la custodia a mis padres». La historia es parecida a las del resto. Divorcio, proceso penal por maltrato y la custodia de Alicia para ella. Tenía 17 meses cuando volvió de un fin de semana con papá -un próspero empresario- con hematomas en las piernas y la vagina enrojecida. En el hospital le dijeron que era gravísimo y que llevaban el asunto a los tribunales. Pero el juez denegó medidas de protección y sobreseyó el caso. De postre, la Generalitat advirtió a Sonia de que si seguía denunciando podría perder la custodia, pese a que lo hizo el hospital.
Cuando Alicia tenía 4 años, en Urgencias le diagnosticaron «eritema y erosión vaginal». El forense lo denunció y el juzgado... ¿lo adivinan? En la Generalitat insistieron en la posible manipulación materna y ofrecieron a los progenitores un plan de mejora temporal, que consiste en que los abuelos maternos se queden con la niña. «Me arrepiento totalmente, ha sido una trampa», llora ahora Sonia. Porque la niña también podía ir a dormir a casa de los abuelos paternos y una funcionaria descubrió que la nena no tenía cama, dormía en la de su padre. Se suspendieron esas visitas, pero le tiene que seguir viendo. Sonia ha intentado inútilmente recuperar la custodia. Lleva dos años sin vivir con ella y ha llegado a la fatal conclusión de que «todo es una trampa. No se puede con la verdad. La impotencia es absoluta. No nos hacen caso, y eso que Alicia lo ha contado siempre. No entiende por qué no hacen nada». La niña lo repetía hace unos días: «El papá es malo, me hace daño. ¡Que se lo coman ya los tiburones!».
